El seguro agrario, en este momento con una enorme importancia por los efectos del cambio climático, se ha consolidado como uno de los ejes de la política agraria tras más de cuatro décadas de existencia. Pero este papel clave para asegurar unos ingresos a los agricultores tiene también sus propios riesgos derivados de la alta siniestralidad, que afecta a las cuentas y la rentabilidad de las empresas. En este escenario, desde el sector agrario se estima que la salida no puede pasar solo por más primas y menos coberturas, tal y como plantean las aseguradoras. De acuerdo con estas entidades, se debería apostar por más subvenciones a las pólizas para que el seguro pueda seguir siendo un instrumento de rentas y no papel mojado sin asegurados.

En 2023, la sequía (496 millones de euros), el pedrisco (375), las heladas (91 millones), otros riesgos menores en volumen en ganadería o los daños causados por la fauna salvaje han constituido los principales responsables de la siniestralidad en el sector agrario, que alcanzó una cifra récord con 178.000 siniestros solo agrícolas e indemnizaciones totales por valor de 1.241 millones de euros, las más elevadas en las cuatro décadas del funcionamiento del actual sistema del seguro agrario. Por su parte, los agricultores y ganaderos pagaron por las primas de cobertura 734 millones de euros.

Este volumen de indemnizaciones supone un incremento del 56% sobre el año anterior y eleva el ratio de siniestralidad sobre las primas hasta un 169%, lo que, para Agroseguro, está muy por encima del equilibrio técnico. Desde la patronal aseguradora se advierte de que se trata ya del cuarto año consecutivo en el que se repite esta situación, lo que ha supuesto la necesidad de acudir nuevamente a los fondos del consorcio para sacar 470 millones. Estos fondos se han reducido en un 50% en los últimos tres años hasta quedarse en solo 353 millones de euros. Esta situación ha colocado al seguro como uno de los puntos del debate sobre la política agraria con el objetivo de lograr un equilibrio entre las posiciones de las entidades aseguradoras -más primas y menos coberturas- y las del sector, que rechaza pagar un seguro de papel, más por menos.

Sobre unas producciones medias agrarias de unos 33.000 millones de euros, el valor del capital asegurado se sitúa en unos 17.000 millones de euros. 

En la actualidad se puede hablar de una consolidación y estabilidad del seguro agrario, con un volumen total de pólizas de entre 220.000 y 247.000 -aunque bajó a 212.00 en 2023-, con dominio de las agrícolas. Eso sí, su implantación es muy dispar: desde el sector platanero, en el que el aseguramiento es del 100%, hasta otros como el olivar, que no acaba de despegar con solo el 13%, y los cultivos de invernadero, con el 20%, pasando por las frutas con más del 80%, la uva de mesa (78%), herbáceos (70%) o uva para vinificación (55%).

Desde el sector, las principales reivindicaciones se han ceñido -y se mantienen- a lo que afecta al incremento de las subvenciones y a la no elevación de las franquicias, además de rechazar los intentos encaminados a penalizar en exceso las pólizas con una elevada siniestralidad, al margen de que sean buenos o malos agricultores. La siniestralidad en la actividad agrícola en el último año, sobre una superficie asegurada de algo más de seis millones de hectáreas, afectó a 3,45 millones, el 58%.

Por el contrario, la implantación es más reducida en el sector ganadero, incorporado más tarde al sistema. Aquí las pólizas solo suponen el 26% en vacuno, el 10,3% en ovino y caprino o directamente nada en otros subsectores. El grueso se concreta en la retirada de 1,4 millones de cadáveres anuales.

Propuestas.

En esta coyuntura, para garantizar la viabilidad del seguro agrario las propuestas de cambios y ajustes han partido tanto desde la propia Administración, como de la patronal, organizaciones agrarias y cooperativas. Desde la patronal, las posiciones dominantes pasaban fundamentalmente por mayores fondos en subvenciones o subida de primas con más franquicias a la hora peritar un siniestro, además de revisar los niveles de riesgo y de primas de las explotaciones, por ejemplo, en casos de reiteración de los daños, lo que equivaldría a expulsar en la práctica miles de pólizas.

El sector coincide con la patronal en la necesidad de mayores fondos para las subvenciones, que hoy suponen una media en el entorno del 40% de las primas y que superan el 60% en el caso de profesionales, jóvenes o socios de una entidad asociativa, pero se rechaza de plano lo referido a limitar la actividad aseguradora con más primas y menos coberturas.

En materia de fondos, cabe señalar la posición del Ministerio de Agricultura, que ha incrementado su aportación en los últimos años desde los 211 millones en 2020 a los 284 de 2023, además de otros 60 millones por los efectos la invasión de Ucrania. Estos fondos llegan a los 486 millones con las aportaciones dispares de cada comunidad autónoma, lo que da lugar a discriminaciones entre territorios limítrofes para un mismo riesgo y cultivo.

En relación con este mismo debate, desde la Entidad Estatal de Seguros Agrarios su presidente, Miguel Pérez, señalaba la necesidad de que los agricultores en sus explotaciones hicieran igualmente su trabajo para apoyar la viabilidad del sistema. «El riesgo que transfiere el asegurado a cambio de la prima que paga no es infinito y las explotaciones con riesgo creciente tendrán que tomar también sus medidas para que el riesgo transferido a la aseguradora sea asumible». En otras palabras, por ejemplo, mejorar en variedades más resistentes a la sequía o las heladas, no realizar plantaciones en tierras no adecuadas por suelos o el clima, hacer las labores a su tiempo…

Hoy, ese proceso de cambios sigue abierto en diferentes frentes. Se mantiene el objetivo de generalizar el seguro en cultivos donde la respuesta actual es escasa, de realizar ajustes técnicos de la situación en territorios o colectivos de alta siniestralidad o de evitar el desarrollo de siembras y plantaciones en zonas donde no se dan las adecuadas condiciones climáticas o de los suelos para ello.

Desde el sector, Gregorio Juárez, responsable de la política del seguro en la organización agraria ASAJA, entiende que, en una situación como la actual, para garantizar la viabilidad del seguro agrario a futuro frente a las salidas fáciles de más primas, menos coberturas y más franquicias se debe apostar también por una mayor universalización de las contrataciones con incrementos de fondos extraordinarios para rebajar el coste de las primas para los contratantes. En caso contrario, si se deja todo a la subida de las mismas como sucedió el pasado año con los herbáceos, podría suceder que muchos agricultores dejaran de cultivar las tierras con una mayor incidencia de siniestralidad, con el peligro que ello implica de menor producción y riesgo en el autoabastecimiento alimentario.

Desde COAG se ha planteado la necesidad de avanzar en el desarrollo de un pacto agrario por el seguro para garantizar su existencia y eficacia a largo plazo, y que no sea un seguro solo sobre el papel.