La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demanda el mantenimiento de la propuesta de 30 días como plazo máximo de pago desde la entrega de los productos en el Reglamento Europeo contra la Morosidad y ha mostrado su rechazo a que se flexibilice dicha propuesta, dado que iría en contra de los intereses los agricultores y ganaderos y de la rapidez en los pagos a las pequeñas y medianas empresas. Ahora que el Parlamento Europeo está debatiendo el Reglamento Europeo contra la Morosidad, COAG se alinea así con los planteamientos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que solicita que se proteja a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

Los grupos parlamentarios conservadores, (Partido Popular Europeo, en el que se incluye el Partido Popular español, y Conservadores y Reformistas Europeos, en el que se integra VOX en España), han presentado una batería de enmiendas a la citada propuesta de Reglamento de Plazos de pago de la Comisión Europea que implicaría un paso atrás en la lucha por la disminución de los plazos de pago. Dichas enmiendas se basan en el argumento de la «libertad del pacto entre las partes» que abre la puerta a, de manera legal, generar plazos mayores a los previstos por el reglamento, dado que «la parte con mayor poder en la negociación, la compradora de nuestras producciones, impondrá sus condiciones, ampliando el periodo de pago. La industria, la distribución y el resto de compradores no deben financiarse a nuestra costa. La propuesta de la Comisión refleja el resultado de los estudios de impacto que señalan este hecho y que la propia patronal del comercio europeo ha cifrado en 150.000 millones de euros en toda Europa», ha señalado Jaume Bernis, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.

La propuesta legislativa que hay en marcha propone sustituir la Directiva actual por un Reglamento. Al contrario que una Directiva, un Reglamento es directamente aplicable y establece las mismas disposiciones en toda la UE. Esta propuesta introduciría un plazo máximo único de pago de 30 días, tanto para productos frescos como para los perecederos. Este hecho puede permitir una aplicación más homogénea en el sector agroalimentario de las disposiciones ya existentes al respecto, siempre y cuando se respeten las posibles exigencias más estrictas que ya puedan existir. «Consideramos que esta propuesta beneficia la armonización normativa en el mercado único y debería venir a reforzar la Directiva UE de Prácticas Comerciales Desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario», ha destacado Bernis.

Aunque la modificación excluyese la posibilidad de aplicación entre pymes y grandes empresas o la Administración, la experiencia demuestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla si, por ejemplo, se firmaran los contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño. «Demostrar esto -continúa COAG- exigiría acciones por parte de los perjudicados, que en la mayoría de las ocasiones no pueden asumir» los costes que conlleva. Ha y que recordar que pagar tarde puede suponer un enorme beneficio financiero para quien lo hace, especialmente en periodos inflacionistas y de altos tipos de interés como los que se están viviendo actualmente.