El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia y el presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín Sánchez de Vega, han alertado este martes en Palencia del aumento de los recursos en los pliegos de contrataciones públicas. Así lo han señalado ante los medios de comunicación momentos antes de saludar a los participantes en el curso sobre contratación del sector público que se ha desarrollado en la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Sánchez ha apuntado que al respecto durante los últimos años han notado una "mayor incidencia" de recursos contra los pliegos, aunque siguen siendo más los recursos contra la adjudicación, ha añadido. Asimismo, también ha advertido del incremento de los recursos de resolución anticipada bien por "falta de materias primas o del incremento de los precios en las materias necesarias". "Son datos importantes que ponen de manifiesto las dificultades de la contratación pública en Castilla y León y del control de legalidad" por lo que ha señalado que esta jornada servirá para redoblar la transparencia en materia de contratación pública en Castilla y León. En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha indicado que durante 2022 se han incrementado las resoluciones anticipadas, aunque por contra las situaciones de corrupción "han disminuido drásticamente en Castilla y León". "La conciencia de los operadores jurídicos y económicos para participar se ponen de manifiesto en ese mismo incremento de los recursos contra los pliegos, no tanto contra otros actos a lo largo del procedimiento de tramitación de la contratación pública, aunque sí contra la adjudicación". Por su parte, Amilivia ha manifestado en sus más de 20 años de trayectoria, "el Consejo de Cuentas ha realizado un total de 38 fiscalizaciones en materia de contratación", 27 de ellas en el ámbito del sector público autonómico y once en el sector público local. De esas 38 fiscalizaciones, 17 corresponden al informe anual de mandato legal que se elabora sobre la contratación administrativa de la Comunidad y los 21 restantes son auditorías especiales.