Justicia a la carta. Es la última fechoría de un gobierno en el que se sientan dos jueces en la mesa del Consejo de Ministros. Les debe parecer normal lo que millones de españoles que no son jueces no consideran normal: que un presidente de gobierno acceda a las demandas que un grupo de independentistas le pone por delante a cambio de sus votos en el Congreso de los Diputados.
Justicia a la carta, para que la amnistía alcance a quien Puigdemont quiere que alcance, empezando por él mismo. Puigdemont ya demostró cobardía sobrada cuando escapó a Francia sin avisar a sus compañeros y colaboradores, para escapar así de la ley -fuga que demostraba que él mismo era consciente de su delito- mientras que mandaba el mensaje a su equipo de que se las arreglase como pudieran, que él se quitaba de en medio. Ese tipo, que aspira a la presidencia del gobierno catalán sin contar con un ápice de honor, es quien marca el paso a Pedro Sánchez. Para vergüenza de gran parte de los españoles.
Negocia con el gobierno anteponiendo poniendo su propio beneficio al de los demás. Nada que ver con el capitán que no abandona la nave hasta que se ha salvado el último de los viajeros. La fórmula que impera hoy en Moncloa es que el independentismo impone y el gobierno dispone. Así de fácil. Y los ministros, sin excepción, asienten o callan. Con el ingrediente añadido de que esos valerosos independentistas que no se sienten españoles, viven a costa de los dineros del Estado. Los que les entrega directamente el gobierno con subvenciones y condonaciones de deuda, más el porcentaje correspondiente de los impuestos del resto de los españoles.
El silencio de los socialistas ya no es tan atronador como hace unas semanas. Felipe González ha dado un aldabonazo, Guerra y algún otro dirigente socialista más ya habían hecho declaraciones contrarias al sanchismo … y punto. Ni una voz en el Congreso anunciando que no daría su voto a un presidente indigno de serlo porque mintió a los votantes y aún así no ganó las elecciones. Ni un iniciativa de los socialistas de verdad, no los sanchistas, denunciando a un gobernante que se somete a un prófugo de la Justicia. Es probable que esa aceptación de lo inaceptable se deba al miedo a las represalias. Porque aparte de quitar y cargos, de quitar y dar poder, este gobierno censura, sanciona, descalifica y maniobra contra quienes denuncian las falta de libertad y de criterio. Un puñado de jueces, fiscales, periodistas y algunos empresarios hartos de que una ministra de escaso fundamento imponga medidas salariales y laborales que llevan directamente a la ruina.
Ojalá elijan a Sánchez presidente del Consejo Europeo. No lo merece, pero sería lo mejor para España: que lo sufran los funcionarios de Bruselas. Los seis meses que faltan para que se decida, si se decide, serían más fáciles de sobrellevar.