Convocadas nuevas elecciones de forma inesperada, a efectos del sector agrario -con Luis Planas como responsable de Agricultura- la legislatura que concluye ha estado marcada fundamentalmente por la pandemia, la invasión de Ucrania, la sequía (ya durante dos ejercicios seguidos) y los incrementos de los costes de producción que han condicionado a la baja la rentabilidad de la actividad con una renta agraria en moneda corriente en 2022 de 27.663 millones de euros frente a los 27.949 de 2019. Mal vamos.

Durante la pandemia, el sector puso de manifiesto su poder para seguir abasteciendo los mercados sin problemas de suministro para los hogares y su importancia estratégica, a pesar de los problemas. Este papel del campo, valorado por toda la sociedad en un momento de crisis, el sector entiende que no ha sido debidamente reconocido en las políticas públicas.

La invasión de Ucrania afectó negativamente al comportamiento de los mercados de materias primas para la alimentación animal y humana y al de la energía, provocando incrementos de costes que aún se mantienen.

La sequía, para las producciones de secano y, en muchos casos, también para los regadíos por falta de agua embalsada, ha constituido el problema más importante de la legislatura. La falta de lluvia se llevó por delante este año las cosechas de los cerealistas en la mitad sur y también en parte de la otra mitad, minando las rentas y obligando a los agricultores a sobrevivir con cosechas bajo mínimos, costes por las nubes y precios de los cereales a la baja por las importaciones masivas.

Frente a la sequía, Agricultura respondió este año con agilidad poniendo en marcha un paquete de medidas, entre las que destacan los 300 millones para ayudas a los fertilizantes, 636 millones de euros en pagos directos, 355 millones para los sectores de la ganadería de carne y de leche y otros 276 millones para la actividad agrícola, cuya distribución se halla en estos momentos a debate en el seno de Atocha con las organizaciones agrarias, junto a otras medidas como créditos a bajo interés (ICO) o reducciones fiscales en el IRPF o en el IBI.

Con la falta de lluvias marcando la actividad agraria, Agricultura logró de Bruselas una cierta flexibilidad a la hora de cumplir las exigencias en materia de cultivos o de abandonos, medidas a las que se suman los 81 millones concedidos en los últimos días de los fondos de crisis. Sin embargo, el sector lamenta que, a pesar de la gravedad de la situación, no se hayan dado los impulsos necesarios para avanzar en la política hidráulica para mejorar y aumentar los regadíos con un uso más eficiente del agua.

Al margen de esos problemas sobrevenidos, a la hora de analizar la política del departamento en esta legislatura cabe señalar en primer lugar el acierto de Luis Planas a la hora de mantener el anterior equipo. Su Ministerio funcionaría sin ministro y, a veces, lo ha hecho a pesar del ministro.

Entre las actuaciones más relevantes destaca el desarrollo de la Política Agraria Común (PAC), con unas disponibilidades para España de 47.724 millones de euros entre 2023 a 2027; y el debate y la aprobación del Plan Estratégico, con el que se definió cómo ubicar y distribuir esos fondos. El Plan, entre los aspectos más importantes, defiende una redistribución de los recursos entre 20 regiones frente al medio centenar de la anterior PAC, una política de convergencia de las ayudas, una limitación en los pagos más altos con recortes desde los 60.000 euros, una mayor apuesta por el medio ambiente, la condicionalidad reforzada y el desarrollo de nueve eco-regímenes o la prioridad en los pagos para los profesionales activos. Se trata, sin embargo, de un Plan que ha provocado la oposición de diferentes colectivos y territorios que se han sentido perjudicados. Desde las organizaciones agrarias se critica que fuera negociado fundamentalmente con los gobiernos regionales pero sin tener apenas en cuenta a las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Impulso al seguro.

El seguro agrario se ha mantenido y reforzado como uno de los ejes de la política agraria, aumentando sus fondos hasta los 317 millones más otros 40 por la sequía hasta llegar a los 357 millones para elevar la subvención media a más del 40%, con posibilidad de llegar hasta el 70% si se trata de jóvenes y profesionales. A la hora de su aplicación, persiste la sombra de las entidades aseguradoras para aumentar primas y franquicias como salida la elevada siniestralidad, lo que puede suponer poner en riesgo la propia política aseguradora.

En la legislatura se han introducido mejoras en la Ley de la Cadena, fundamentalmente para evitar la venta a pérdidas de modo que cada eslabón incorpore sus costes en el precio del producto. Sobre el papel, un paso importante. En la práctica, falta de controles suficientes por escasez de personal, por lo que miles de productores siguen vendiendo a pérdidas. Junto al Observatorio de Precios, el sector echa en falta un Observatorio de Costes para defender sus rentas.

Desde la perspectiva del diálogo, el sector entiende que no ha existido la suficiente interlocución. Sigue sin tener una respuesta la representatividad y la ausencia en las mesas de Unión de Uniones. No se han dado pasos importantes para potenciar el asociacionismo económico en el campo, donde ya en los últimos días solo se dispuso la modificación de las exigencias para constituir una Entidad Asociativa Prioritaria.

Sin poner en duda la capacidad del ministro para abordar las negociaciones en Bruselas, a escala nacional y desde el campo se ve al titular de Atocha como un ministro con tendencia a ponerse de perfil en lugar de dar la cara en contenciosos con otros departamentos como Consumo o Transición Ecológica (ataques a la ganadería, protección del lobo). Se le considera sumiso hasta el final al señor Sánchez, como se reflejó en la entrevista que le hizo el presidente en «Telemoncloa» y su querencia «finsemanera» por potenciar cosas del sur, que no es malo si realmente sirve para ello y no se quedan en el protocolo, aunque también hay otros territorios a visitar y potenciar. La realidad es que cada ministro ha tenido sus fines de semana para montarse algo oficial en su pueblo de origen o de adopción.

Al margen de las cuestiones puramente nacionales, en el balance de esta legislatura se hallan fundamentalmente los avances de las sombras que ya se han sufrido y que amenazan con extenderse en el sector procedentes de Bruselas en materia de medio ambiente, bienestar animal, ley de restauración de la naturaleza o reducción en el uso de fito y zoosanitarios. Muy especialmente graves son las consecuencias de las políticas comunitarias en relación con las importaciones de los productos agrarios, tanto en volumen como en  exigencias de calidad y seguridad a la hora de producir en los países de origen, lo que afecta a la competitividad de los agricultores y ganaderos comunitarios. En este sentido, el ministro español fue uno de los mayores defensores en Bruselas de la necesidad de que los productos importados cumplan los mismos requisitos en su producción que se exigen a los agricultores y ganaderos comunitarios, la llamada y demandada cláusula espejo.

Pero, como decía aquel, sobreviviremos. No hay otra.