Vaya por delante que, como señala la Constitución, en España existe una riqueza lingüística que es patrimonio cultural que requiere de un especial respeto y protección. Y es evidente que, en los últimos años, el resto de las lenguas, al margen del castellano, que es la oficial del Estado, y que todos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla, han recibido un trato de favor y de defensa anticipándose a un hipotético futuro deterioro o desaparición de estas, en caso de que eso se pudiera producir.
Estas lenguas son oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con los Estatutos, tal y como precisa también la Constitución, y tienen una presencia habitual en cada territorio, complementado a modo de bilingüismo, con el castellano, como norma general. Sin embargo, el deterioro de las relaciones con los partidos soberanistas, que vienen echando un órdago, sobre todo desde 2017, y el afán de estos por utilizar la lengua como arma arrojadiza frente al Estado está propiciando un retroceso en la salvaguarda de las lenguas cooficiales, además de un menor uso en el ámbito institucional, como se desprende de una realidad constatable en el Parlamento catalán.
En cualquier caso, la fragilidad para formar gobierno y el apurado resultado de las elecciones generales del pasado mes de julio está aupando a los partidos independentistas –Junts por delante, como suma de votos necesaria para formar gobierno–, a unas exigencias desmedidas que contrariamente a lo que el independentismo pudiera creer, dañan la tutela y garantías de la lengua autonómica, puesto que se pone en entredicho su cuidado y la simpatía que por ellas pudiera tener el conjunto de los ciudadanos.
Cuando la ofensiva se lleva al extremo de utilizarla en el Congreso de los Diputados como si fuera un patrimonio exclusivo de secesionistas y no en un ambiente de cordialidad y consenso, que ahí sí se permitiría aplicar la protección y la consideración que dictamina la Constitución, se convierte en un elemento de tensión.
Por si fuera poco, estos 'pagos' al independentismo se realizan sin reconocer que son moneda de cambio para una hipotética sesión de investidura que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, da reiteradamente por hecho.
Una moneda de cambio que comenzó por la esperpéntica utilización de pinganillos en el Congreso de los Diputados esta semana –inoportuno en estos momentos–, o la fallida tentativa de oficializar el catalán en instituciones de la Unión Europea, a costa de que el español pierda fuerza como «lengua de trabajo», como ya están catalogados el inglés, francés o alemán, y que es en lo que se viene trabajando tiempo sin que se haya consolidado. Y no cabe olvidar, que el respeto a la lengua oficial del Estado ha de estar siempre en el nivel más elevado de protección.