La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel Gutiérrez, para que se ofrezca una solución eficaz y rápida a las once familias de guardias civiles a las que se ha exigido el inmediato desalojo de los pabellones del cuartel de Herrera de Pisuerga por la ruina que presenta el tejado de esta edificación.
"Se trata, una vez más, de pabellones y edificios de la Guardia Civil en los que apenas se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento. Estas son las consecuencias. Afectan a la vida de personas que tienen allí su residencia. No sólo es el centro de trabajo de los guardias civiles, es el lugar en el que residen sus familias, donde sus parejas tienen sus propias ocupaciones y los hijos el lugar de estudios", recordó el secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal. "Hace unos meses ocurrió algo parecido con el desalojo de ochenta familias en Cartagena. Ahora es incluso más grave. Se les ofrecen pabellones en precario en otros cuarteles de la provincia, algunos a más de cincuenta kilómetros de distancia", añadió Leal.
Jucil espera que el máximo responsable de la Administración pública en Palencia reciba a la asociación y que juntos encuentren una solución más adecuada que la que ahora se les plantea con urgencia a los guardias y sus familias por parte del teniente coronel de la Comandancia de Palencia. "Lo único que se les ha comunicado es una lista de pabellones para solicitar en precario. Uno en la propia localidad de Herrera, otro a ocho kilómetros de distancia, uno más a 36 kilómetros y dos a 40 kilómetros. El resto, es decir los otros seis hasta completar los once desalojados, están a más de cincuenta kilómetros. Todos serían adjudicados en precario", explica Agustín Leal.
"Jucil solicitará conocer más. Saber si la intención del desalojo es para llevar a cabo reparaciones o para el derribo y la edificación de unos nuevos pabellones. Eso nos permitiría conocer de qué plazos hablamos y facilitará a los guardia s civiles tomar opciones sobre su futuro y el de sus familias", comentó el secretario de comunicación.
La asociación profesional que defiende los intereses laborales y sociales de los guardias civiles lamenta la precipitación con la que se han comunicado los desalojos y recuerda que este tipo de situaciones, la falta de un lugar donde vivir y conciliar la actividad laboral con la familiar en muchos puntos de España, es una de las razones que pesan en la decisión de los guardias a la hora de solicitar el traslado a otros puntos de la geografía española.
"Hemos propuesto, desde nuestra creación, una nueva configuración geográfica para la Guardia Civil, acorde con la sociedad española del siglo XXI. Que supere estructuras territoriales diseñadas hace dos siglos y repartida ahora por instalaciones que se caen de puro abandono", afirmó Agustín Leal. "Pero eso es un objetivo que conseguir. Ahora, lo urgente, es dar una solución a once familias desalojadas en plenas navidades", recordó el secretario de comunicación de JUCIL.
Los guardias civiles afectados denuncian que carecen de información suficiente para poder tomar sus propias decisiones, porque todo ha sucedido en un corto periodo de tiempo. "Nos cuentan que el día 14 acudió el arquitecto del Ayuntamiento a revisar el edificio y dijo que era necesario el arreglo del tejado de forma urgente, por riesgo de derrumbe inminente. Se calculó entonces un presupuesto de 230.000 euros y el 12 de diciembre, tras la visita del arquitecto de la Dirección General, la Comandancia comenzó a llamar a otros cuarteles de la provincia para conocer la disponibilidad de pabellones vacíos. Dos días después, el teniente coronel comunicó el desalojo inmediato", narró Leal.
"Lo que quieren los afectados es que se les ofrezca más información. Conocer si el desalojo es para derribar el edificio y hacerlo nuevo, o para simplemente eliminarlo. Incluso propusieron una solución, porque cerca hay un hotel ahora cerrado y que podría ser una solución temporal, pero parece que esa idea no gustó a pesar del mínimo alquiler que pide el hostelero", aclara el secretario de comunicación.
"Estamos abiertos a dialogar y debatir con el subdelegado del Gobierno la mejor solución para las once familias afectadas", concluyó.