La ley de amnistía que ha puesto como condición encima de la mesa Carles Puigdemont para sentarse a negociar una posible investidura de Pedro Sánchez se le ha atragantado a muchos dirigentes socialistas.
Desde el primer momento, la idea de anular las penas de los independentistas condenados por el 1-O, y de aquellos que huyeron al extranjero para evitar la acción de la Justicia española, no ha hecho más que meter presión en las filas de un partido que ve desde la barrera los cambios de opinión de su líder nacional.
Antes del apretado resultado electoral del mes de julio, Pedro Sánchez había señalado hasta en dos ocasiones con micrófonos delante que no aceptaría una amnistía, llegando a reconocer que «no entra en la legislación ni en la Constitución española» y, posteriormente, días antes del 23-J, volviendo a insistir que «no han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá».
Pues bien, parece que las tornas han cambiado y ahora donde se dijo 'digo' se dice 'amnistía'; un viraje que no ha gustado a muchos militantes socialistas y, especialmente, a la vieja guardia del socialismo más cabal.
Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo, Jordi Sevilla, Joaquín Almunia, Emiliano García-Page y Javier Lambán son una muestra de esos pesos pesados del PSOE que no han tenido reparos en decir, de una forma u otra, que en el marco de la Constitución no caben la amnistía ni la autodeterminación.
Todo lo contrario se opina desde las filas del socio de Gobierno de Sánchez. Sumar lo tiene muy claro, y en boca de Jaume Asens, dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador con Junts, se considera que hay margen para aprobar una ley de amnistía a través de un procedimiento de lectura única. Eso sí, no hay que olvidar que ese mecanismo se utiliza para iniciativas legislativas cuya simplicidad permite su tramitación directa en el Pleno, sin emplear las fases de Comisión y Ponencia.
Ya se usó en la reforma de la sedición, pero utilizarlo ahora en una jugada tan complicada, con la Constitución en juego, es querer forzar demasiado la maquinaria.
Y es que, no hay mejor prueba de que, sea la opción que sea la planteada por Sánchez para buscar la amnistía, si la Constitución se ve vulnerada, el Tribunal Supremo podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad si afecta a procesados por el alto tribunal, así como elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podrían paralizar la aplicación de la amnistía.
El indulto es perdonar a la persona que cometió el delito, pero la amnistía es perdonar el delito. La diferencia habla por sí misma.