La mayoría de los funcionarios de la administración de Justicia en huelga ha apoyado en asambleas en todo el país continuar el paro indefinido que mantienen desde el pasado 22 de mayo para exigir mejoras salariales y laborales, han informado este martes a EFE fuentes sindicales. El apoyo ha sido prácticamente unánime en territorios como la Comunidad de Madrid (93,5 % de votos a favor), Tenerife (82,7 %), Valladolid (87,9 %), Pamplona (84,5 %) y Murcia capital (91,1 %), según los datos recabados hasta ahora por los sindicatos, que comunicarán las cifras definitivas a lo largo de la tarde. La ciudad de Valencia, donde falta por contabilizar el voto por correo, es hasta ahora la única en la que los trabajadores se han mostrado en contra de mantener el paro indefinido con 55 personas a favor de continuar y 102 proclives al aplazamiento, es decir, el 65 % de la plantilla. También han apoyado mantener la convocatoria de huelga, promovida por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, los funcionarios de Santander, Salamanca, Zamora, Palencia, Málaga y Sevilla, según las mismas fuentes. La consulta se produce justo una semana después de la última reunión del comité de huelga con representantes del Ministerio de Justicia, que desembocó en un encierro de cinco sindicalistas en la sede del departamento que dirige Pilar Llop para forzar el diálogo, roto desde entonces. El comité de huelga permaneció durante tres días en el Ministerio después de que, según denunciaron, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, abandonara la mesa de negociación de forma "abrupta" y "unilateral". Un total de 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia están llamados a la huelga desde el pasado 17 de abril, cuando se iniciaron paros parciales. Las protestas se intensificaron el 22 de mayo con un paro indefinido para aumentar la presión sobre Justicia. Tras el adelanto electoral al próximo 23 de julio, los sindicatos decidieron mantener la convocatoria, alegando que el Gobierno sigue "en plenas facultades" y puede firmar pactos que no requieran tramitación parlamentaria, como los de letrados judiciales, jueces y fiscales. Los funcionarios reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que plantee "modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo". Esto, argumentan, era lo que ocurría con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas, pero que se encuentra paralizada por la disolución de las Cortes Generales.