La sesión extraordinaria de ayer, al igual que las dos anteriores donde se abordó, sirvió de muy poco y, pese a contar con la aprobación inicial a falta de resolver las 40 alegaciones presentadas, la Ordenanza Reguladora de Terrazas no salió adelante. Ciudadanos se quedó solo, ya que el PP pidió «más tiempo» de estudio y no quiso apoyar algo «sin el más mínimo consenso» y sí el rechazo frontal desde hace meses de la oposición que integran PSOE, Ganemos y Vox.
Sonia Ordóñez, portavoz de Ganemos, habló de «demagogia» con las denominadas terrazas covid, ya que consideró que «nunca estuvieron reguladas» y no se van a retirar, criticando «el criterio del alcalde actual y lo que pueda venir». Sobre las alegaciones presentadas señaló que «se las han quitado de encima y no estamos de acuerdo en las condiciones para utilizar el espacio público».
Sonia Lalanda, portavoz de Vox, acusó a Cs y PP de «tener a la ciudad en pie de guerra y retrasarse en todo porque en otras ciudades este tema ya está resuelto». Además, indicó que las opiniones pulsadas entre ciudadanos individuales y colectivos reflejan que «a nadie le gusta» la ordenanza de terrazas. «La ciudad está llena de tablaos flamencos con alimento para ratas y se ha creado la estética cutre del palé. No nos vamos a tirar por el precipicio apoyando algo que desequilibra los derechos de empresarios y vecinos y lo mejor es que en el próximo mandato se cree una ordenanza adecuada», desgranó
Mirian Andrés, portavoz del PSOE, apuntó que «es un clamor que no se controle el tema terrazas exsitiendo un cierre de ojos absoluto» y que el Cs y PP debieron actuar en 2022. «Nuestra posición fue siempre retirar terrazas covid hace mucho tiempo y lo decimos porque tenemos un proyecto de ciudad. No se puede intentar contentar a unos y a otros. La concejala de Tráfico, cuando tuvo competencias de Policía, no hizo cumplir las normas y, ahora, si no se presentaran alegaciones, la ordenanza se hubiera aprobado automáticamente sin un proyecto de gestión del espacio público», arguyó.
PP y CS. Alfonso Polanco, portavoz del grupo popular, lamentó las posturas alejadas del consenso «Hay intereses que colisionan y se debe buscar un equilibrio justo con derechos y beneficios de cada uno a la hora de cumplir horarios, tener espacios dignos y parámetros de buena imagen y servicio y, si no, hay que desmontar las terrazas. No se trata de ideología y no debemos imponer desde el Ayuntamiento lo que suscita tanta oposición y rechazo», expuso.
La concejala de Tráfico, Carolina Gómez, fue clara y defendió la ordenanza. «Cs siempre fue coherente y los técnicos municipales han actuado con diligencia, rapidez y profesionalidad. Se habla de ayudar a los hosteleros y no se aprueba lo que apoya a terrazas, comercio, distribución, sector servicios y música, para seguir con algo de la edad media», arguyó. El alcalde, Mario Simón, mostró su desencanto. «Todos en período electoral hablamos de dinamizar Palencia, revitalizarla y apoyar a pequeños, empresarios, autónomos y negocios. Al no aprobarse la ordenanza de terrazas habrá negocios inviables y numerosos camareros que ya no serán necesarios y lamento que solo haya primado el desgaste político», señaló.
El contrato de basuras irá a la Junta de Gobierno
El pleno abordó, con cierta polémica también, la delegación en la Junta de Gobierno Local de la clasificación de ofertas y adjudicación del contrato del Servicio de Limpieza Urbana y Recogida Selectiva Domiciliaria de Basuras de la ciudad, valorado en 90 millones. Cs, PP y PSOE lo sacaron adelante con el voto contrario de Ganemos y de Vox. Sonia Ordóñez (Ganemos), acusó a Cs y PP de querer usar la mayoría de votos que tienen en la Junta de Gobierno «sin querer pasar por el pleno, donde podría no ser aprobado. Hemos defendido que debería municipalizarse este servicio y sería más barato y beneficioso para los vecinos».
Sonia Lalanda (Vox) aludió a que «puede haber prisas interesadas y hay un tufo en el ambiente tras una inexplicable prórroga de 17 meses del contrato. Es mejor que sea en el próximo mandato cuando se apruebe ante esta celeridad inusual, falta de planificación y documentación incompleta y sesgada de las cuatro ofertas».
Miriam Andrés (PSOE) consideró mejor no tener que delegar en la Junta de Gobierno y «sí tener tiempo para ver un expediente de 90 millones de contrato, pero no consideró adecuado «retrasar más la adjudicación, que con los recursos y la cantidad mensual e intereses nos vamos a 500.000 euros de coste para los palentinos por reconocimiento judicial».
El alcalde, Mario Simón, rechazó «las alusiones falsas e inadmisibles que cuestionan la honorabilidad de los 25 concejales. Se trata de operatividad y nos da lo mismo que se apruebe en pleno o Junta de Gobierno. Lo peor es retrasar dos o tres meses y tratamos de agilizar el contrato sin reducir ninguna garantía», aseveró.