Aunque hayan llegado ya las vacaciones, el final del año escolar coincidió con una convocatoria electoral que ha dejado en el aire la aprobación de la nueva selectividad, incógnitas sobre el desarrollo de la octava ley educativa en democracia -empezó este año en los cursos impares y ahora tocaría en los pares- y la regulación de la profesión docente.

A expensas de lo que ocurra en las urnas el próximo 23 de julio, el Partido Popular ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de modificar muchos de los aspectos contenidos de la última reforma educativa (Lomloe o Ley Celaá), así como su deseo de diseñar una prueba única de acceso a la universidad para todo el territorio.

Una de las consecuencias inmediatas del precipitado final de legislatura ha sido la paralización de la aprobación de la nueva selectividad, cuyos cambios iban a aplicarse de forma gradual desde el próximo curso, con lo que los jóvenes que ahora comiencen a estudiar 2º de bachillerato desconocen cómo será la prueba de junio de 2024.

Durante el año académico 2023-2024 también está prevista que siga la implementación de la Lomloe, fundamentalmente el nuevo currículo en 2º, 4º y 6º de primaria; 2º y 4º de la ESO y 2º de bachillerato, que es mucho más competencial y menos memorístico y que ya se ha empezado a aplicar en 2023 en los cursos impares. El texto legal recoge también la previsión de que este año se realicen sendas evaluaciones diagnósticas en 4º de primaria y 2º de secundaria.

Igual que ocurrió con los cursos impares, los alumnos de los pares tendrán nuevas asignaturas, dos nuevas modalidades de bachillerato y un proceso de aprendizaje y enseñanza centrado en saber aplicar los conocimientos al mundo real, no a saber de memoria los contenidos.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, entiende que la aplicación de la Lomloe de cara al curso que viene seguirá en marcha. «No parece probable que después de las elecciones, si hay un Gobierno de distinto signo político, le dé tiempo a sacar un real decreto ley que suspenda su implementación». A García le preocupa, por otro lado, la lentitud con la que se ha abordado el Estatuto del Docente.

En caso de cambio de signo político, el sindicato ANPE afirma que los profesores se verán abocados a gestionar nuevos desarrollos curriculares que precisarán de «un esfuerzo de adaptación al enésimo vaivén de la normativa».

Clima de diálogo

Desde el Partido Popular son conscientes de la incertidumbre por la que está pasando este sector y la semana pasada se reunieron con sindicatos, asociaciones y expertos, a los que trasladaron su intención de devolver a la educación a un «clima de diálogo» y su defensa de la educación especial y de la libertad de las familias para elegir el colegio.

La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, acompañada por el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, y por la diputada popular, Sandra Moneo, se ha reunido con representantes del ámbito educativo, también en el marco de la redacción del programa electoral. El fin era escuchar a la sociedad civil para avanzar en la búsqueda de grandes acuerdos «que permitan mejorar la calidad del sistema». En este sentido, el PP sitúa dicho objetivo como «prioridad nacional» y un «compromiso irrenunciable» para preparar y asegurar el futuro y el de las próximas generaciones.

La secretaria general de la formación situó como un «compromiso» primordial para el proyecto de Núñez Feijóo mejorar el sistema educativo.

Los populares abogan por «recuperar el consenso constitucional» sobre la libertad de elección de las familias del centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, tras los, a su juicio, «ataques sufridos a la educación concertada con la Ley Celáa».