Como bien sabrá el pasado 28 de marzo el Gobierno que usted preside, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública firmó un acuerdo con el comité de huelga de Letrados de la Administración de Justicia en el que se garantiza un incremento retributivo para los miembros de este cuerpo de entre 430 y 450 euros al mes. Este acuerdo se cierra al margen de la mesa de negociación y con desprecio absoluto a la función que atribuye la Constitución a los sindicatos y a las normas vigentes en materia de representación sindical general y en la Administración de Justicia en particular. Dicho acuerdo se fundamenta en unas funciones que, según sostienen esas asociaciones, tienen atribuidas por ley desde el año 2009, aunque la justificación principal se refiere a la implantación del nuevo modelo de Justicia que representan los proyectos de Ley orgánica de eficiencia organizativa y de ley ordinaria de eficiencia procesal y de eficiencia digital. Dicho acuerdo y lo sucedido durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, en forma de presiones para que no se trabajara, amagos de expedientes e instrucciones de "ordenar armarios" para que el personal no llamado a la huelga no pudiera preparar resoluciones con normalidad, como se venía haciendo antes de la huelga, ha provocado una ola de indignación en las oficinas judiciales. Además, tras el acuerdo con el comité de huelga de los Letrados, las reivindicaciones del resto del personal de la oficina eran más que probables, algo que todo el mundo daba por seguro y no sólo en relación ese personal sino también con Jueces y Fiscales como ya se ha hecho público. De hecho, el Ministerio de Justicia había sido advertido de ello por los sindicatos durante los días de la huelga de los Letrados y, además, el propio Ministerio reconoció en un documento de trabajo que las retribuciones entre todos los cuerpos de la Administración de Justicia estaban interrelacionadas y que cualquier variación en uno de los Cuerpos produce un efecto en cascada. Y si lo sabía el Ministerio de Justicia también lo debía saber quién firmó el acuerdo. En relación con las funciones, los funcionarios/as de Justicia han dicho basta. Desde hace más de 20 años en las oficinas judiciales se viene dando la injusta circunstancia de que unos cobran por unas funciones que otros realizan materialmente. La inflación de funciones en manos de los Letrados impide llevar un control efectivo de lo que firman, de hecho existe el denominado botón de firma masiva por el que sin mirar

su contenido se puede firmar de una vez varias resoluciones, y además, provoca un efecto de "cuello de botella" innecesario en millones de resoluciones de trámite que es una de las principales causas por las que los procedimientos se atascan o avanzan con lentitud y podrían estarlo aún más si todo el mundo se pusiera a trabajar "a reglamento". Una prueba de esta situación es el régimen de sustituciones impuesto por el Ministerio de Justicia en el año 2015 por el que un Letrado puede llegar a sustituir a otros dos compañeros y llevar hasta 3 juzgados. ¿Cómo puede ser esto si la queja fundamental de los Letrados es su excesiva carga de trabajo? Pues muy sencillo, o es que esa carga de trabajo no es tal, lo que no es cierto, o que el trabajo lo hacen otros, el resto de funcionarios/as de Justicia. En cuanto al modelo de Justicia derivado de las leyes de eficiencia, su Gobierno ha venido sistemáticamente, vulnerando el derecho fundamental de negociación colectiva sobre su contenido que afecta a materias referidas en el artículo 37 del TREBEP. Si ahora existe un problema y un conflicto sobre esta cuestión se debe a la sordera y falta de previsión de un Ministerio de Justicia que literalmente nos han llegado a decir que las leyes no se negocian obviando el art. 37 letra k del TREBEP. Si hemos llegado a este conflicto es por la falta de previsión de su Gobierno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El primero no hizo sus deberes a tiempo a pesar de que el 15 de diciembre de 2021 se comprometió en un acuerdo publicado en el BOE del día 20 de diciembre a negociar lo que entonces era un anteproyecto de ley de eficiencia organizativa y procesal. El segundo no puede mirar hacia otro lado, después de firmar un acuerdo muy generoso que supondrá un incremento salarial para los Letrados de entre 636 y 656 euros al mes desde enero de 2021, le recordamos que los Letrados tuvieron una subida acordada en Mesa de negociación, esta sí, el 15 de diciembre de 2021 que ha supuesto ya un incremento salarial de 206,87 euros para cada Letrado, para reconocerles unas funciones que, en la realidad, hacemos los demás. De mantenerse esta posición de bloqueo por parte de su Gobierno sin presentar una propuesta económica concreta en la mesa de negociación, nos veremos obligados a endurecer e intensificar las medidas de presión y el conflicto en la Administración de Justicia. Por todo lo anterior, solicitamos que intervenga en el conflicto dando las instrucciones necesarias para negociar el contenido de las leyes de eficiencia y para dar cobertura económica suficiente a un acuerdo que permita clarificar las funciones, redistribuir y redefinir las funciones dentro de la oficina judicial de cara a la implantación de los denominados proyectos de ley de eficiencia. Sin esa clarificación, sin esa redistribución y sin esa redefinición de funciones dentro de las oficinas judiciales ningún proyecto de reforma de la Justicia tendrá éxito. Los funcionarios saldrán ganando, pero también el servicio público y los ciudadanos con una Justicia más ágil, más eficiente y más moderna.

Por último, queremos concretarle el contenido de la plataforma reivindicativa, si bien estamos seguros de que el Ministerio de Justica habrá tenido a bien trasladárselas: • La paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia. • El reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan los cuerpos generales. • El incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos): - + 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF - + 400 euros mensuales para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio - + 375 euros mensuales para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio - + 350 euros mensuales para Auxilio Judicial o Seguimos exigiendo, además: - La eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1. - La publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional. Desde que dichas movilizaciones fueron convocadas no hemos recibido ninguna oferta del Ministerio de Justicia que permita atisbar ninguna solución a este conflicto por lo que solicitamos formalmente su intervención para lograr su pronta resolución, en beneficio del servicio público de Justicia Esperando su pronta respuesta, reciba un cordial saludo. Firmado por el comité de huelga de los sindicatos CCOO, UGT, STAJ y CSIF.