Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF cumplen con la advertencia lanzada la semana pasada durante la primera huelga general de funcionarios y presentarán en los tribunales tres demandas contra la Junta de Castilla y León a lo largo de las próximas semanas, la primera de ellas por «falta de buena fe» en la negociación de la aplicación de las 35 horas semanales para los trabajadores públicos; la segunda por incumplimiento de los pagos de fondos adicionales que se acordaron con el Gobierno de Rajoy en marzo de 2018; y la tercera por no desarrollar la carrera profesional de los empleados públicos, ya que el 31 de enero expiró el plazo para publicar la primera convocatoria. Las tres demandas «ya están preparadas» por parte de sus servicios jurídicos y posiblemente esta misma semana llegue a los tribunales la primera de ellas, según explicó el secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos UGT, Tomás Pérez.
La segunda de las demandas está relacionada con el acuerdo suscrito con Montoro como ministro de Hacienda por el cual se pactó que en el último trimestre del año los responsables de las administraciones debían sentarse a negociar los fondos adicionales de la masa salarial. «Era un acuerdo para 2018, 2019 y 2020, con unas retribuciones fijas a partir del 1 de enero y otras dos variables, una dependiendo del PIB a partir del 1 de julio y otra según la cual debían negociar con los sindicatos cómo pagar un fondo adicional del 0,20% de la masa salarial en 2018, del 0,25% siguiente y del 0,30% en 2020», detalló Pérez, que advirtió que en Castilla y León los sindicatos realizaron una propuesta hace 17 meses «de forma lineal y consolidable para todos los empleados públicos» y «ni han respondido ni han pagado», informa Ical.
El ugetista aseguró que tienen «toda la confianza del mundo» en que sus demandas prosperen y los tribunales les den la razón, ya que en el caso de la aplicación de las 35 horas semanales, por ejemplo, se trata de «un acuerdo que han firmado el pasado mes de mayo y no han cumplido».
«La base de todo es que en mayo firmamos un acuerdo que ahora se niegan a cumplir. Lo aprobaron en el Consejo de Gobierno pero luego no lo han publicado en el Bocyl, quizá porque desde el primer momento pensaban no cumplirlo, y pediremos en los tribunales que motiven el porqué del incumplimiento», señaló antes de recordar que no están reclamando «un derecho nuevo», sino uno que les «quitaron sin negociar». «Queremos recuperarlo en base a un acuerdo nacional que la Junta está incumpliendo. Es mentira que no nos hayamos puesto de acuerdo por tres meses, ya que propusieron las 35 horas condicionadas, si se cumplían una serie de requisitos. Queremos que no mientan porque están haciendo de la mentira un arma política», denunció.
«Mienten y siguen mintiendo».
En ese sentido, la secretaria de acción sindical de CSIF, Raquel Fernández, explicó que el Gobierno regional les ha «mentido» y «sigue mintiendo» cuando dice que ha negociado con ellos la aplicación a partir del 31 de marzo del próximo año. Ella anunció que tienen previsto también iniciar una campaña de distribución de lazos y pulseras de color rojo o verde, sin ningún emblema sindical más allá de la leyenda ‘35 horas ya’. Además, tras afirmar que «la Junta últimamente se ha convertido en una Administración que solo se dedica a diferir sus acuerdos», apuntó que reforzarán la acción sindical «preferentemente en las provincias».
Además, señalan que ya están «cansados» de que les pidan que sean «responsables». «Llevamos 30 años de paz sindical, nunca se le había hecho una huelga a la Junta porque siempre habíamos llegado a acuerdos», denunció. Al ataque contra Igea se lanzó también el secretario general del sector de servicios a la ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos López, que calificó de ‘fake news’ las declaraciones que realizó al valorar el seguimiento del la huelga.