La directora general de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, Mercedes Pérez, cargó hoy contra la "falta de eficacia" del Ministerio en el cumplimiento de sus responsabilidades, al ser el mando único durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. No en vano, subrayó que el Ingesa solo ha proporcionado a Castilla y León un 2,5 por ciento del total de los 43,3 millones de artículos repartidos de equipos de protección individuales (Epi) entre los profesionales para hacer frente al coronavirus.  De esa cifra, precisó que el 65 por ciento fue para el personal de los centros sanitarios.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes ante las Cortes para analizar la crisis del COVID-19, Pérez aseguró que Ingesa (organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad) se convirtió, gracias a una orden del 10 de marzo, en el "responsable único" de garantizar el suministro de material de protección individual a las administraciones autonómicas que gestionan los servicios sanitarios. "Supuso la inhabilitación y la prohibición del Gobierno central a las comunidades autónomas de la compra de material", sentenció.

A partir de ese momento, apuntó, la Consejería de Sanidad requirió al Ministerio el suministro de todo el material necesario aunque aseguró que esas peticiones "prácticamente" no fueron atendidas o tardías. En todo caso, precisó que fue una cantidad "muy inferior" a la demandada. Pese a esas palabras, su intervención comenzó con el apunte de que la Consejería "siempre" ha actuado  con lealtad institucional al Gobierno Central en cuanto al cumplimiento de todas las indicaciones que dio a las comunidades.

A continuación, detalló que el 17 de marzo el Ministerio de Sanidad comunicó a las comunidades que podían volver a adquirir el material sanitario necesario, una vez que se vio "desbordado" por las peticiones y fue "incapaz" de dar respuesta a las demandas.  

Eso sí, reconoció que esa "rehabilitación" llegó en un momento en que se agravó la situación de desabastecimiento del mercado mundial por una rotura de estocaje en todos los productos demandados. "Fue un obstáculo importante para la adquisición de material por parte de la Junta pero la diligente previsión y reacción de la Consejería y el incuestionable esfuerzo han permitido proporcionar a nuestros profesionales la máxima protección", aseveró.

Sin falta de material de protección

Pese a ello, destacó que la Consejería de Sanidad logró cerrar contratos de suministros de material de protección en el mercado chino y en otros países, hasta el punto de que aterrizó el 24 de marzo un avión procedente de China con material para la Comunidad. Además, dejó claro que "no ha habido falta de Epis" para el personal sanitario de Castilla y León. "No se puede confundir la falta de material con lo que yo quisiera y así ha quedado acreditado en una sentencia de un juzgado de Burgos", incidió.

Mercedes Pérez consideró, según recogió la Agencia Ical, que la situación previa de partida antes de la pandemia, en cuando a Epis, era "idónea", ya que se efectuaba un suministro de "forma regular" y "satisfactorio" a los profesionales. Además, dijo que la Consejería cuenta con reserva de Epi, al menos, para dos meses y apostó por una compra centralizada.

Pese a que el 5,3 por ciento del personal sanitario se contagió por el coronavirus, la directora general de Profesionales aseguró que la Consejería puso un "empeño especial" en la realización de las pruebas diagnósticas (test rápidos, PCRs y en el momento actual la prueba Elisa) a todos los trabajadores, atendiendo así a las recomendaciones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Hasta el punto que afirmó que Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor número de pruebas realizadas a sus trabajadores.  

La Consejería de Sanidad ha realizado, desde la declaración del estado de alarma hasta el 30 de abril un total de 3.699 contratos de personal sanitario y no sanitario. De ese número, la mayor parte fue enfermero (40 por ciento) y auxiliares de enfermería (33 por ciento), seguidos de celador (11 por ciento) y médico (5,7 por ciento). La gran mayoría procedía de bolsa de empleo y solo el 7 por ciento de listados de voluntarios. Un base de voluntarios que superó las 4.000 personas, entre ellos médicos (22 por ciento), enfermeros (13 por ciento) y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (21 por ciento).

La directora general recordó que la Consejería planteó un reconocimiento a esos profesionales para que tuvieran preferencia en caso de que se produjeran situaciones similares en el futuro, aunque fue rechazada por los sindicatos en la Mesa Sectorial. En todo caso, manifestó que la valoración de este personal (tanto el que ha prestado sus servicios en centros sanitarios como en residencias de mayores) de las bolsas de empleo se duplicará en la experiencia profesional. 

Además, durante estos meses de crisis sanitaria, se han contratados 55 aspirantes a médicos con el MIR 2018 o 2019 aprobado, a cuatro estudiantes de Medicina, a 65 estudiantes de Enfermería, a 31 profesionales médicos jubilados y a cuatro profesionales enfermeras jubilados.

Por último, se refirió que Castilla y León fue la primera comunidad en anunciar una gratificación extraordinaria a todos los profesionales de Sacyl que hayan contribuido de un modo significativo a la lucha contra la COVID-19. O que fue "pionera" al considerar la Incapacidad Temporal (IT) por COVID-19 como enfermedad profesional.

Versión "edulcorante"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad, Judith Villar, fue especialmente dura con la intervención de la directora general de Profesionales al criticar su versión "bastante edulcorante" de la gestión de la Junta. No en vano, consideró que, en ocasiones, echó "balones fuera" al apuntar que el Ministerio "jamás" suspendió la capacidad de las comunidades autónomas para comprar material, en todo les ayudó. "No falte a la verdad en sede parlamentaria y asuman sus propias deficiencias", sentenció. Algo que rebatió Mercedes Pérez al apuntar que estaba recogido en el mismo título del real decreto. "Tal fue la prohibición que en, aquel momento, teníamos una compra de material cerrada que se quedó en territorio chino", expuso.

Villar también lamentó, según Ical, que la consejera de Sanidad y todos sus directores generales continúen con el "mantra" que repiten constantemente en todas sus comparecencias. "No prefiere honrar la memoria de quienes han fallecido por causa de la COVID-19", le preguntó.  A continuación, cargó contra los contratos por sustituciones que, en la mayor parte, de los casos, fuer para sustituir bajas que causaba el coronavirus y  no para reforzar servicios o cumplir con una función específica relacionada con la epidemia. No en vano, citó que el refuerzo de las UCI vino por la reorganización de servicios como Anestesia dentro de los hospitales más que por la vía de la contratación.

En este apartado, la portavoz del PSOE  declaró que la política de personal de la Consejería de Sanidad continúa con las "señas de identidad" de la precariedad laboral, el recorte de derechos laborales, la infradotación de plantillas y la falta de incentivos para retener a los profesionales.  

Por parte del Grupo Mixto, intervino Pedro Pascual, de Por Ávila, quien criticó los contratos de corta duración de los profesionales sanitarios en los hospitales durante cinco o seis meses, de los que dos se destinan a su formación. "Eso no es fidelizar y hacer las cosas medianamente correctas", afirmó. Además, hizo referencia a la inestabilidad laboral que impide atraer a profesionales a Castilla y León.  

En este sentido, la directora general de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud contestó que la "mejor herramienta" para fidelizar a los trabajadores es el concurso de traslados cada año y las ofertas públicas de empleo (Ope) periódicas.  

Este médico en Emergencias Sanitarias pidió mejoras laborales y complementos salariales para el personal fijo, la jornada de 35 horas, la estabilidad laboral y contratos fijos.  Pascual también se refirió a la situación de la Atención Primaria al declarar que la atención telefónica no puede suplantar la atención presencial, ya sea en los centros de salud o los ambulatorios. "El paciente necesita que se les atienda personalmente y debe saber que puede contar con un médico y una enfermera en caso de necesitarlos", expuso. Por último, apostó por una reorganización de la Atención Primaria al advertir del problema que ocurrirá en verano con la llegada masiva de personas y turistas a los pueblos.

"Reserva estratégica" de material

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad, Alejandro Vázquez, consideró que, pese a las deficiencias, la Consejería había llevado a cabo una gestión "positiva". Eso sí, reclamó contar con una "reserva estratégica" de material de protección para los sanitarios y de equipamientos como respiradores para las UCIs, mejorar la formación de los profesionales para hacer frente al COVID-19 y plantillas estables. "Los sanitarios asumen que desempeñan una profesión de riegso pero no de las medidas erráticas sobre qué administración debe adquirir los Epi para proteger su salud", significó.

Vázquez apostó por un dimensionamiento de las plantillas y medidas "atractivas" para cubrir los puestos deficitarios. La directora general defendió ocupar las plazas de difícil cobertura con la fidelización de los residentes y con las oposiciones continuas durante varios años.  

El portavoz de Ciudadanos José Ignacio Delgado defendió que la crisis sanitaria debe servir para "aprender" y hacer las cosas "mejor" de cara al futuro. De ahí que criticara las duras palabras de la socialista Judith Villar al recordarle que pertenece al partido del Gobierno de la Nación que desconoce el número de fallecidos por la pandemia y que tuvo una falta de previsión en el aprovisionamiento de Epis. "Nadie es infalible pero, gracias a los grandes profesionales, hemos logrado dar una respuesta adecuada al aumento de las necesidades por una situación sobrevenida", manifestó.