El Consejo de Cuentas aprobó un informe de fiscalización sobre la Fundación Siglo relativo a los ejercicios 2016 y 2017, en el que se apunta que la estructura de esta entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo se ajusta a la normativa y en el que se considera que su gestión económica es correcta con carácter general, aunque se incumplen algunas obligaciones en materia de contratación.

En el informe se destaca que el grueso de financiación de la actividad de la Fundación procede de los presupuestos de la Comunidad y se apunta que la entidad está sometida a un control de eficacia de la Consejería de Cultura y Turismo y también al control interno de la Intervención General de la Comunidad, aunque su auditoría no ha llegado a ser incluida en el plan anual en los últimos diez años.

En materia de contratación, el Consejo de Cuentas denuncia que la Fundación Siglo incumple su obligación de comunicar al registro del Ministerio de Hacienda y Función Pública los datos básicos de los contratos adjudicados, información que tampoco figura en el registro de contratos de la Administración autonómica, aunque sí cumplió mayoritariamente con las obligaciones de envío de la información contractual al Consejo de Cuentas.

También se apunta que de los 63 contratos incluidos en la relación certificada aportada durante el curso de las actuaciones fiscalizadoras, 42 tuvieron un importe de adjudicación superior a 50.000 euros y, por lo tanto, debieron publicarse en el perfil de contratante. Además, también se critica que en las instrucciones internas de contratación de la Fundación no se garantiza suficientemente el principio de concurrencia, ni tampoco la adjudicación a la oferta económica más ventajosa.

El informe contiene un total de cinco recomendaciones en las que se plantea, entre otros aspectos, que la Consejería de Cultura y Turismo promueva modificaciones legislativas para clarificar la delimitación institucional del sector público autonómico, conforme a la normativa estatal, y para que el ámbito del registro público de contratos de la administración autonómica coincida con el del sector público estatal.

Asimismo, al objeto de garantizar los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, debería considerar cada una de las ferias, exposiciones, eventos y actuaciones que promueve como una unidad funcional diferenciada, para contratar de forma conjunta y por procedimiento abierto todos los servicios necesarios, sin perjuicio de la división en los lotes que fuesen necesarios. Igualmente, podría contratar de forma diferenciada y mediante procedimiento abierto, cada uno de los servicios que deben ser prestados para la celebración de todas las ferias, exposiciones, eventos y otras actuaciones programadas al principio del ejercicio.