Tres presidentes en apenas siete días son un ejemplo claro de la crisis política que vive Perú. Pero no solo en las últimas semanas. Es un problema que se sucede desde hace años en un país acechado por la corrupción, la falta de transparencia, una democracia frágil y un descontento generalizado en una sociedad cada vez más harta de sus representantes. Francisco Sagasti, como nuevo mandatario interino, tratará de avanzar hacia una transición pacífica que reconcilie a la ciudadanía con la clase política y, sobre todo, buscará salir de una crisis que, aunque se ha visto incrementada en los últimos tiempos, se extiende casi desde los tiempos de Alberto Fujimori -que dejó el cargo en el año 2000-.
La tensión en las calles, con las protestas más masivas de los últimos 20 años, obligó a Manuel Merino a presentar su renuncia apenas cinco días después de haber asumido como jefe del Estado y mantener su puesto como presidente del Congreso -concentrando así en una sola persona los poderes Ejecutivo y Legislativo- tras un más que dudoso proceso de destitución en la Cámara de Martín Vizcarra. Un cese que fue una maniobra de sus detractores para despojarle del poder al calificarle de «incapaz moral», una figura contemplada en la Constitución originalmente para los mandatarios que sufrían alguna enfermedad mental en el ejercicio de su cargo. Un hecho que hizo estallar la indignación contenida por la población contra los diputados en unas protestas que acabaron con dos muertos por la represión policial que, finalmente, fueron el motivo de la salida de Merino.
Pero esto solo es una gota más en un vaso lleno en Perú, donde seis de sus últimos nueve presidentes -salvo el interino Valentín Paniagua, que sustituyó a Fujimori hasta las elecciones del año siguiente; Merino, con cinco días en el poder; y Sagasti, que asumió el cargo el pasado martes- han estado envueltos en varios casos de corrupción. De hecho, esa «incapacidad moral» contra Vizcarra llegó tras ser acusado de haber recibido sobornos valorados en unos 500.000 euros a cambio de contratos públicos cuando era gobernador, entre 2011 y 2014. Antes que él, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir tras ser acusado de comprar votos para evitar su destitución; Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo se han visto implicados en la trama de la constructora Odebrecht, que salpica a buena parte de Latinoamérica; o Alberto Fujimori, actualmente indultado tras ser condenado por corrupción, pero también por crímenes contra la Humanidad.
Aunque no solo desde el poder se han registrado prácticas ilegales. También en la oposición, donde los casos más sonados tienen el apellido Fujimori. Keiko, que ocupó el puesto de primera dama durante el mandato de su padre y es líder de Fuerza Nueva, fue encarcelada en 2018 con cargos de lavado de activos en la trama Odebrecht. Actualmente, está en libertad vigilada. Su hermano menor, Kenji, fue apartado en 2018 del Congreso por delitos de cohecho pasivo activo y tráfico de influencias.
Con un amplio abanico de partidos, todos ellos con sus propios intereses, la clase política está más dividida que nunca y la población se encuentra al límite, con una indignación contra sus representantes. Porque las protestas de la semana pasada no eran de apoyo al destituido Vizcarra, sino en contra de las maniobras del Congreso, elegido en enero en unas parlamentarias con gran abstención y que está en el punto de mira de la ciudadanía.
Ahora Sagasti tratará de impulsar una transición en la que la lucha contra la corrupción será su gran prioridad antes de encarar las elecciones previstas el próximo 11 de abril. Cinco meses por delante para tratar de reconciliar a los peruanos con sus políticos antes de que la situación estalle por los aires.