El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró hoy que el decreto que regula las condiciones laborales del personal de Sacyl es "un ataque a la dignidad y la vocación de los profesionales sanitarios", por lo que reclamó a la Junta que dé marcha atrás y reconduzca la situación desde el diálogo.

Tudanca, quien mantuvo en encuentro con los representantes de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, aseguró que desde el primer momento de la crisis y “sin que nadie se lo pidiera”, los profesionales de Sacyl han demostrado su compromiso con el sistema público de salud con un enorme esfuerzo, por lo que argumentó que no tiene sentido esta “imposición”.

En este sentido, aseguró que es necesario “recuperar la confianza” y se mostró convencido de que la Junta ponga fin a este “esperpento” y que la próxima semana el decreto ya no esté en vigor “para que podamos fortalecer entre todos un sistema sanitario público de calidad y con unas condiciones dignas para unos profesionales que tanto se lo merecen y tanto han trabajado”.

El líder de los socialistas en la Comunidad también indicó que cualquier reorganización de la actividad sanitaria se debe hacer bajo el consenso y con medidas voluntarias e incentivadas. “Los profesionales sanitarios no pueden asumir que se les impongan decisiones y se les recorten sus derechos”, aseguró.

Además, acusó a la Consejería de Sanidad de estar aprovechando la pandemia para imponer un nuevo modelo en la sanidad de Castilla y León basado en los recortes, las privatizaciones y en el “castigo al medio rural con el fin de la atención presencial”.

Por su parte, Javier Salamanca, representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León y que actuó como portavoz de todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, lamentó que el problema de fondo es la falta de confianza de la Junta en unos profesionales que, “sin ningún imperativo”, se han esforzado al máximo desde el inicio de la pandemia, “demostrando, día a día, su responsabilidad”.

Además, indicó que la unidad sindical en este asunto es total y que en el caso de que el decreto llegue a las Cortes y sea aprobado, “la respuesta será unánime”. También explicó que las organizaciones sindicales mantienen la “mano tendida” al diálogo y argumentó que no será tan difícil la retirada del decreto cuando la propia consejera de Sanidad ha manifestado que “no se aplicará”.

Ayudas del Gobierno

Por otro lado, Tudanca aseguró en declaraciones recogidas por Ical que la Junta dispone de recursos suficientes para mejorar la sanidad e incentivar a los profesionales y cifró en mil millones de euros los fondos que la Comunidad recibirá del Gobierno para hacer frente a los gastos extraordinarios del COVID-19. Así, explicó que a los 545 millones de euros para gasto sanitario, hay que sumar 84 para educación y 215 millones adicionales para hacer frente a la pérdida de ingresos, entre otras partidas.

Además, recalcó que gracias a estas aportaciones del Gobierno la Junta tiene recursos para incentivar a los profesionales sanitarios y para ayudar a otros sectores que están siendo castigados como el comercio o la hostelería, pero reclamó a la Administración autonómica que también destine recursos propios para hacer frente a la crisis y fortalecer la sanidad.