El Fondo de Cooperación Interterritorial (FCI) para Castilla y León se desplomó en la década de 2008 a 2018, desde los 85,1 millones de euros a apenas 18,8. De este total, el 40 por ciento se destinó a financiar proyectos de infraestructuras sanitarias; el 28 por ciento para Educación; el 19 por ciento a infraestructuras agrarias y el 13 por ciento restante a infraestructuras viarias.
Esta fuerte disminución también se dejó sentir en Palencia, a la cola en cuanto a la distribución territorial de las inversiones, con tan solo nueve de cada cien euros (9,51 por ciento)ejecutados en el período 2003-2018, hasta alcanzar los 75,7 millones de euros.
Entre los años 2014 y 2018, Palencia concentró 5,1 millones de euros de inversión, representando el 5,32 por ciento sobre el total.Si nos centramos tan solo en el ejercicio 2018, Palencia, con 855.053 euros dedicados a infraestructuras agrarias y fundamentalmente a infraestructuras sanitarias, representa el 4,56 por ciento sobre el total de los fondos ejecutados en la Comunidad.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, destaca que figura sin provincializar la ejecución de inversiones por 1,8 millones en la conservación de la autovía León-Burgos (Camino de Santiago, A-231), que atraviesa la provincia de oeste a este a la altura de Carrión de los Condes, así como inversiones por 740.046 euros en infraestructuras agrarias.
Destacar que es una fiscalización que se acomete por mandato legal, cuyos objetivos son verificar el grado de ejecución de los proyectos de los FCI y su adecuada contabilización en 2018, así como verificar la legalidad de las actuaciones realizadas por sus gestores. En el caso de Castilla y León no corresponden a proyectos concretos de gasto, sino a determinados subprogramas gestionados por las consejerías de Agricultura y Ganadería, de Fomento y Medio Ambiente, de Educación, Gerencia Regional de Salud y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.