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Piden para un vecino de Aguilar 2,5 años por pedofilia

ALBERTO ABASCAL
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La Policía Nacional localizó en su domicilio decenas de archivos de pornografía infantil

Imagen de archivo de un miembro de la Policía Nacional en plena investigación. - Foto: Sara Muniosguren

Un vecino de Aguilar de Campoo se enfrenta provisionalmente a una pena de dos años y medio de prisión como presunto responsable de un delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de pornografía infantil.

Según fuentes del Ministerio Fiscal, los hechos por los que deberá responder ante la Justicia parten del 20 de febrero de 2019 cuando la Policía Nacional, durante un registro realizado en su domicilio, localizó 321 archivos de contenido pedófilo con menores de edad, aunque en este caso no se pudo comprobar que hubieran sido compartidos con terceros. Sin embargo, la Policía Nacional, dentro de esta intervención bautizada como operación Sandrina, localizó 350 archivos con el mismo contenido que supuestamente sí que fueron compartidos con terceros, por lo que fue acusado de tenencia y distribución de material pornográfico.

OPERACIÓN SANDRINA. La bautizada operación Sandrina se inició en 2018 gracias al continuo trabajo de rastreo en Internet por parte de ciberagentes y a un aviso del organismo de Estados Unidos encargado de recibir y canalizar perfiles que comparten pornografía infantil. Este organismo alertó de la existencia de una serie de direcciones IP, cuyas conexiones se ubicaban en varias provincias, que estaban compartiendo con otros usuarios imágenes de pornografía infantil a través de programas de intercambio de archivos P2P. Tras el aviso, los agentes pudieron averiguar que las conexiones a Internet se realizaban desde varios domicilios e identificaron a los detenidos. 

La operación Sandrina se saldó con detenidos por toda España entres el verano de 2018 y la primavera de 2019. El caso más mediático fue el de un cura malagueño al que la Policía Nacional le atribuía un papel más activo a la hora de conseguir material pedófilo. La operación se segregó en distintas causas, en función de las provincias afectadas.

El último hecho similar conocido en la provincia se remonta a julio de 2019 cuando el juzgado de instrucción de Carrión de los Condes dictó un auto de procesamiento contra un hombre al encontrar contra él indicios de haber cometido un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil. El procesado reconoció haber comenzado años antes a acceder voluntariamente  a páginas web que ofrecían material pornográfico infantil, descargándose dicho material en el disco duro de su ordenador para consumo propio a través de distintos programas como Torrent, Emule y Jdownloader.