La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado continuar con la investigación penal sobre el pago de las cuotas de afiliados en el proceso de primarias del PP de Castilla y León celebrado durante el mes de marzo de 2017. El tribunal quiere que se aclare si el dinero que se pidió a los cargos públicos del partido se destinó a abonar exclusivamente el pago de los que no estaban al corriente, en cuyo caso habría un pago de deuda ajena, o si se aportaron otros fondos, lo que entraría en la posible comisión de un delito de financiación ilegal.

En su auto, la Audiencia Provincial de Salamanca estima el recurso de apelación interpuesto por el Foro de Izquierda – Los Verdes frente al auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca que desestimaba en julio de 2019 el recurso al sobreseimiento y archivo de las actuaciones de investigación del proceso por “carecer los hechos denunciados de tipicidad penal”. 

El Tribunal devuelve así esta actuación al juez instructor, que deberá decidir sobre las prácticas de pruebas que pudieran realizarse como la identificación del denunciante anónimo que dio origen a la denuncia o la declaración de otras personas propuestas por la acusación popular. No obstante, no apunta a ninguna persona concreta como la autora del posible ilícito y advierte que “debe evitarse llevar a cabo una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal”.

Asimismo, el auto desestima el resto de peticiones de la acusación popular, tales como que se haya producido indefensión o la existencia de un delito de coacciones, falsedad documental y suplantación de la personalidad, al tiempo que rechaza cualquier interferencia del calendario político en la resolución del caso.

La investigación comenzó el 5 de junio de 2019, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca decidió incoar diligencias previas para investigar un posible delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental en el proceso de primarias del PPCyL tras la recepción de una denuncia anónima.

Sin embargo, apenas un mes después, el mismo Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca decretó el sobreseimiento y archivo de la causa al considerar que los hechos “carecían de tipicidad penal”, desestimando además el recurso de apelación de Foro de Izquierda – Los Verdes.

Ahora, no obstante, la Audiencia Provincial de Salamanca revoca el último auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, que archivaba la causa, y reabre la investigación penal del proceso de primarias del Partido Popular de Castilla y León para “comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político” o, por el contrario, “tan solo existe un pago de deuda ajena”.

Sin imputación de delito

Tras el conocimiento público de la emisión del auto de la Audiencia Provincial de Salamanca, el Partido Popular en la provincia emitió un comunicado en el que recuerda que el procedimiento se inició por “una denuncia anónima que, según el auto de su archivo, relata hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”, asegurando así que “la persona denunciante anónima ha obrado de mala fe”.

También recuerda el PP de Salamanca que las actuaciones “ya fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca” en junio de 2019, así como que “el Ministerio Fiscal apoyó dicho archivo” y, además, solicitó “la desestimación del recurso” contra el sobreseimiento de la causa que realizó la acusación popular, encabezada por el Foro de Izquierdas – Los Verdes.

Además, el Partido Popular salmantino defiende que el auto emitido por la Audiencia Provincial de Salamanca “rechaza que se hayan vulnerado derechos de la acusación popular” y confirma “íntegramente” el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 “en cuanto a la inexistencia de posibles delitos de coacciones, falsedad documental y usurpación o suplantación de personalidad”.

Defiende además el PP de Salamanca que el último auto de la Audiencia Provincial “no realiza imputación concreta de delito alguno a ninguna persona ni cargo del partido, ni al propio partido”, y que en su formulación “respalda la tesis del juez de instrucción al considerar totalmente legal que cargos públicos del partido aportaran dinero para el abono de cuotas impagadas de afiliados”, estimando el recurso “única y exclusivamente a los efectos de que se verifique por el Juzgado si todo el dinero recibido para el pago de cuotas se destinó solamente a dicho fin”.

“La Audiencia Provincial no afirma, en ningún momento, que haya ni siquiera indicios de que se haya cometido un delito de financiación ilegal”, continúa el comunicado de la formación popular, que concluye recordando que “el proceso electoral de primarias en el Partido Popular de Castilla y León no solo no tuvo ninguna impugnación, sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del Partido Popular, no puso ningún reparo al funcionamiento de la misma”.