La tarea de resocializar al menor delincuente

Agencias
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España cumple dos décadas de la aprobación de la ley de responsabilidad penal sobre este colectivo, una norma por la que ya han sido enjuiciados un total de 413.000 adolescentes

La ley prevé el internamiento en régimen cerrado para acusados de terrorismo, asesinato, homicidio y violación

Hace ayer 20 años España aprobaba en el Congreso una Ley Penal del Menor que dotaba al país de un  nuevo instrumento reeducativo y punitivo, además de ser un precepto más moderno y flexible que su ejemplo anterior de 1992. La norma entró en vigor en enero de 2001 y desde entonces se ha enjuiciado a 413.301 menores.
La nueva legislación incluye 12 medidas de carácter sancionador-educativo, en dos tramos de edad de aplicación: hasta los 16 años, y de 16 a 18. Entre las actuaciones alternativas de libertad se encuentran: asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con una familia, prestaciones comunitarias o tareas educativas.
Además, se contemplan medidas de internamiento en régimen abierto -con domicilio habitual en el centro de menores-, semiabierto -residencia en el centro y actividades formativas fuera del mismo- y terapéutico -atención educativa especial para anomalías psíquicas, alcohólicas o tóxicas-.
La ley, que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, también prevé internamiento en régimen cerrado hasta un máximo de 10 años para acusados de delito de terrorismo, asesinato, homicidio y violación. Asimismo, la norma amplió las funciones del fiscal, que asume la instrucción de las causas penales contra menores y que tiene encomendada su protección.
El fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, Javier Huete, hace un «balance positivo» de estos 20 años de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor porque, frente a quienes dicen que es «muy blanda», defiende que la finalidad es precisamente «intentar recuperar al menor, buscar la forma de resocializarlo». 
Huete ha puesto dos ejemplos de casos en los que un menor de más de 14 años comete un delito, uno en el que un joven lleva a cabo un hurto y otro en el que comete un homicidio u otro delito grave.
En el caso del hurto, se pone al menor a disposición del fiscal. Si pide perdón y se compromete a realizar una actividad en beneficio de la comunidad, el Ministerio público puede archivar el caso. «Se evita que el niño, como persona en formación, entre en contacto con el sistema judicial», precisa.
En el segundo supuesto, se pide al juez una medida cautelar que en los casos más graves (violación, asesinato) puede ser el internamiento en régimen cerrado.