Las quejas de los vecinos destapan pisos de prostitución

ALBERTO ABASCAL
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La Policía Nacional no cuenta con un registro. Las comunidades cada vez debaten más este problema

Las quejas de los vecinos destapan pisos de prostitución - Foto: Alberto Rodrigo

La Policía Nacional ha detectado en los últimos meses la proliferación en Palencia de viviendas en las que se ejerce la prostitución. La presión ejercida en los últimos años por las fuerzas de seguridad en los tradicionales clubes de alterne situados por regla general a pie de carretera o autovía (lucha contra la trata de seres humanos, estancia ilegal y drogas) ha motivado que la prostitución se haya trasladado hasta los distintos barrios de la capital y muy especialmente en pisos particulares.
En la Brigada de Extranjería -competente en la materia- aseguran que las informaciones en este ámbito «han aumentado en los últimos años y meses». A diferencia con otras provincias limítrofes, en la Comisaría de Palencia no hay un registro oficial de viviendas para esta índole, pero calculan que hoy por hoy puede rondar la docena de pisos en los que se ejerce la prostitución.
Hay que recordar, con respecto al ruido y las molestias de las que se quejan los vecinos, que no son motivo del inicio de una investigación penal. Como mucho, puede dar lugar a un procedimiento civil. De hecho, los propietarios han de saber que pueden recurrir  a la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a los inquilinos incómodos a cesar en su conducta o incluso iniciar el posible desahucio.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Palencia, Marta Casilda Gómez García, confirma a Diario Palentino el aumento de esta actividad en la ciudad. «Sabemos que hay viviendas o entreplantas donde se ejerce, generalmente por gente de origen extranjero. Son pisos que están alquilados», apunta Marta Casilda Gómez García, quien además reitera que es un tema cada vez más recurrente que se debate en las reuniones de las comunidades de vecinos.
«Los vecinos lo comentan pero tienen miedo de denunciarlo. No solo es el ruido o las molestias que provoca esta actividad. Cuentan que en ocasiones los clientes no acuden en las mejores condiciones y el vandalismo también se deja notar», subraya la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas. Por lo demás, las comunidades de propietarios no entienden que la Policía Nacional no pueda hacer algo más. Pero es que en realidad no están facultados legalmente para hacerlo.
 La prostitución no es un delito en España, solo se puede perseguir la que afecta a menores, lógicamente, y la trata de personas, es decir, la prostitución coactiva.
El único castigo contra la prostitución y contra quienes la consumen se halla en la Ley de Seguridad Ciudadana -la Ley Mordaza-. Su artículo 36.11 reza que la «solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial», entrañan una infracción grave, castigada con entre 600 y 10.000 euros.  
La norma también establece que los «agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción de desobediencia o resistencia a la autoridad».
Por tanto, la prostitución y sus clientes solo pueden ser perseguidos en la vía pública y da lugar a sanción administrativa, no a una investigación penal.

11 años de prisión. Bajo este prisma, Diario Palentino ya dio cuenta no hace mucho tiempo el proceso penal seguido contra un hombre y una mujer, vecinos de Palencia e identificados como M.H.D. y C.G.R., que se enfrentan a una pena global propuesta por el Ministerio Fiscal de 11 años de prisión y 8.100 euros de multa para cada uno como presuntos autores de un delito de determinación a la prostitución por abuso de una persona mayor y otros dos de inducción a la prostitución a menores después de lucrarse supuestamente con los servicios sexuales prestados por una mujer necesitada y por dos jóvenes en un piso situado concretamente en el centro de la capital.