El 60% de las víctimas de trata son por explotación sexual

ALBERTO ABASCAL
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El subdelegado del Gobierno subraya el aumento de pisos particulares para este fin

El 60% de las víctimas de trata son por explotación sexual

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, aseguró hoy en la constitución de la mesa de coordinación para el seguimiento de las actuaciones contra la trata de seres humanos de Palencia, que el órgano nace como una «oportunidad» para luchar contra la «auténtica esclavitud del siglo XXI». 
La mesa se conforma en virtud del protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos firmado por el Gobierno de España, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en 2011. Mercedes Martín señaló que, según el Informe Mundial de Trata de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2018, «el 65 por ciento de la trata de personas tiene como fin la explotación sexual y afecta esencialmente a personas del sexo femenino». Al mismo tiempo, «el 35 por ciento se refiere al trabajo forzado que afecta a hombres, pero también a mujeres, niñas y niños», añadió. 
Respecto a la provincia, el número de delitos de trata identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue de tres casos durante el último año. Aun así, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel Gutiérrez, detalló que «recientemente se ha llevado a cabo una operación en Guardo, aunque se investigan las connotaciones que puede tener». Recordó que es muy complicado localizar esta actividad puesto que «comienzan a desaparecer los establecimientos», mientras que ahora «priman los pisos particulares».
Por su parte, el fiscal jefe de Palencia, Arturo Carrillo, afirmó que con la convocatoria realizada por la Fiscalía Provincial se «pretende poner en funcionamiento lo establecido en el protocolo del año 2011 y poner en valor la coordinación entre todas las instituciones y organismos competentes». También aseguró que la constitución de la mesa persigue dar cierta «solemnidad por la trascendencia e importancia del delito y de la lacra social».
El protocolo resalta la «actuación preventiva, ya que la labor policial y judicial es la que se realiza normalmente».  De esta forma, se busca otorgar «una protección a las víctimas de carácter preventivo ante una vulnerabilidad patente de los derechos de las personas», a través de la «Fiscalía, como garante supremo», concluyó Carrillo.


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