La Junta tiene previsto enviar a las Cortes en octubre el proyecto de ley para modificar, por el trámite de urgencia, la renta garantizada de ciudadanía para conseguir así que exista una compatibilidad y pueda complementar el Ingreso Mínimo Vital estatal, según aseguraron ayer los procuradores del PP en la provincia.

Así, el procurador palentino y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que se plantea poder otorgar un complemento «para solucionar la rebaja que produce la prestación estatal, cuya percepción es actualmente incompatible con la ayuda autonómica».

En esta línea dejó claro que «van a cumplir con lo que creen que es su deber y obligación», en vez de «dejar pasar las cosas y centrarse en las críticas». 

Carriedo expuso que en una situación de contexto, durante los diez años que lleva en funcionamiento la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Junta ha dirigido a la población más vulnerable cerca de 600 millones de euros, con una media de 60 millones al año. Además, los procuradores populares señalaron que, con el ingreso mínimo, hay un total de 263 familias en la comunidad que perciben menos dinero, de las que 40 son de la provincia de Palencia.

evitar colapsos. Al respecto, el pasado mes de junio el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento solicitó al Gobierno el borrador del texto del convenio del Ingreso Mínimo Vital para ver «qué implicaciones jurídicas y organizativas tiene para las entidades sociales», y contemple financiación suficiente para la gestión y los recursos humanos que requerirá su puesta en marcha.

Los populares temen el «colapso de los Servicios Sociales», ya saturados para atender los efectos de la pandemia del Covid-19, ante las incógnitas de cuál será la fórmula para poder gestionar el IMV y hacer frente a este trabajo. El PP recordó que en Castilla y León y en Palencia existe «desde 2010 la Renta Garantizada de Ciudadanía, bastante mejor estructurada y con un funcionamiento perfecto al lograr inserción laboral, integración social y búsqueda de empleo, que es la principal política social».