Mari Luz Martínez Seijo y Rosa Aldea, diputada y senadora por el PSOE, respectivamente, criticaron ayer la postura del PP al rechazar junto al resto de la oposición el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Gobierno. «Supone la pérdida de una gran oportunidad de poder invertir 5,5 millones de euros en las entidades locales de la provincia, ya que la propuesta socialista suponía que se alcanzaran los 22,5 millones frente a la popular que, aunque no se dé a conocer, llega solo a los 17 millones», según explicaron.
A juicio de las parlamentarias socialistas, la no convalidación del decreto «es una muy mala noticia para los ayuntamientos» y, en el caso de Palencia, «existen más de 64 millones de euros acumulados en ahorros». Así, pusieron de manifiesto que se pierde una inversión destacada en muchos municipios que «procedía de ese fondo especial de unos 5.000 millones que iba a habilitar el Gobierno para el conjunto de las entidades locales».
Por ello, instaron a los parlamentarios del Partido Popular a «rendir cuentas y explicar por qué se niegan a recibir esa inyección económica tan sumamente importante para los ayuntamientos de la provincia». En este sentido, culparon a la denominada Ley Montoro que, a instancias del PP, «quitó la autonomía a las entidades locales y evita poder volver a utilizar remanentes, así como impedir que puedan utilizarse los fondos europeos de manera directa».
logros. Por otro lado, la senadora Rosa Aldea hizo un balance «positivo» de la acción del Gobierno en los últimos meses con ejemplos, entre otros, «como el acuerdo histórico del Consejo Europeo y la llegada de 140.000 millones a España», o, en su opinión «el logro que supone mantener las ayudas de la PAC, que en el caso de la provincia suponen el 7 por ciento del PIB a pesar del ruido hecho».
Para la diputada Mari Luz Martínez Seijo, el PP «rechaza hacer una política a favor de los ciudadanos con el no permanente en el apoyo a los Presupuestos, que son imprescindibles para abordar con responsabilidad, coherencia y justicia social las consecuencias derivadas de la Covid-19». A su vez, criticó «el talante poco constitucional al bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Supremo, el CGPJ o el Defensor del Pueblo».