Las nueve universidades de Castilla y León ofrecieron 260 grados en el curso 2017-2018, lo que supone que en la última década, desde la implantación del Plan Bolonia, se han reducido un 3 por ciento sus titulaciones frente a un incremento en el conjunto universitario español del 13 por ciento, según pone de manifiesto un estudio realizado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU).
Esta leve caída, no obstante, no ha sido homogénea en todas las instituciones de enseñanza superior de la Comunidad, ya que el aumento se ha concentrado en las privadas, con la excepción de la Universidad Pontificia de Salamanca que ha perdido ocho, mientras las cuatro públicas tienen cifras negativas y han reducido su oferta en 20 grados en tan solo diez años.
Esta tendencia descendente no se produce, sin embargo, en el conjunto universitario español, donde los títulos existentes han crecido un 13 por ciento hasta situarse en los 2.854 durante el curso 2017-2018, según el informe ‘Grados universitarios: ¿Cuántos y cuáles?’.
El número de estudios, que con la reforma pasó de los estudios de ciclo corto y largo -diplomaturas, licenciaturas e ingenierías- al sistema actual de grados, aumentó de forma significativa en las comunidades de La Rioja (48%), Madrid (47%), Cataluña (30,2%), Navarra (28%) y Cantabria (26%), mientras que en siete disminuyeron como en Galicia (-13%), Asturias (-12%), Castilla-la Mancha (-11%) y Baleares (-10%).
Distribución.
Por otra parte, Castilla y León presenta una distribución de la oferta por ramas muy semejante a la media española, aunque ligeramente superior en ciencias sociales y jurídicas (2 por ciento por encima) y ciencias de la salud (apenas cuatro décimas), mientras que en ingenierias y arquitectura, artes y humanidades, y ciencias se encuentra levemente por debajo.
Las universidades privadas ofrecen menos grados que las públicas y concentran su oferta en las ramas de ciencias de la salud y ciencias sociales y jurídicas, mientras que casi no ofrecen titulaciones de ciencias.
Ante esta situación, Albert Corominas, coautor del estudio, explicó que el OSU recomienda que la oferta de grados de las universidades españolas debería ser «revisada críticamente» por las propias instituciones y administraciones, y que la colaboración entre ambas permitiría implantar las reformas pertinentes sin cambios legislativos de gran alcance.
Ha recomendado también revisar que los grados cumplan los objetivos de formación generalista, capacitación para el ejercicio profesional y empleabilidad a largo plazo que estipula la normativa; reducir el número de grados mediante la planificación y cooperación de las universidades; suprimir los denominados grados propios; aclarar la relación entre la formación universitaria y la formación profesional, y repensar críticamente la oferta de grados múltiples.
Precisamente, el acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los rectores de todas las universidades, formalizado en julio de 2016, ha supuesto un frenazo en los últimos años a la implantación de nuevos grados salvo que se hagan con la unanimidad de todas ellas. El mapa de titulaciones está permitiendo un crecimiento inteligente y una racionalización de los recursos públicos en las universidades públicas, mientras que en las privadas ha provocado que no aumente la oferta, según explican desde la Consejería de Educación.
Más pequeñas.
Por otra parte, el estudio pone de manifiesto el menor tamaño de las instituciones universitarias de la Comunidad respecto a la media nacional. Mientras las nueve universidades castellanas y leonesas cuentan con 28,9 grados de media en el ámbito español alcanza los 35,7.
En este aspecto son las universidades privadas las que tiran hacia abajo de esta estadística. Las que acumulan mayor número de grados son la Pontificia de Salamanca (19) y la Miguel de Cervantes en Valladolid (18). Todas ellas son superadas por las públicas, entre las que la Universidad de Burgos, con 25 titulaciones, es la menos oferta tiene frente a los 71 grados de la Universidad de Salamanca o los 54 de la Universidad de Valladolid.
Finalmente, entre las recomendaciones del informe se habla de incorporar estudios de formación profesional a la universidad, lo que supondría un cambio considerable en los objetivos docentes de la institución y en los recursos necesarios para alcanzarlos. Esta posibilidad ya ha sido también planteada en Castilla y León.