Mari Luz Martínez Seijo es diputada del PSOE por la provincia de Palencia en el Congreso desde el año 2015. Fue portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León de 2007 a 2011 y también secretaria de Acción Política y Ciudadanía del PSOE de CyL desde octubre de 2014. Miembro del grupo federal de Educación desde 2012, actualmente es secretaria del área de Política Social, Integración y Cohesión del PSOE, así como secretaria ejecutiva de Educación y Universidades y portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Hace solo unos días, el Gobierno retomaba una de sus prioridades: la reforma de la Ley de Educación. La idea es que este sea el último curso académico que esté vigente la Lomce. ¿Podría resumir cuáles son los principios que inspiran esta reforma educativa? Dicho de otro modo, ¿qué es lo que no les gusta de la denominada Ley Wert?

Yo creo que toda ley educativa tiene que responder a unas necesidades sociales y laborales. Evidentemente, en España tenemos un sistema educativo que presenta un diagnóstico muy claro y que exige una serie de reformas. 

«Toda ley educativa debe responder a la realidad de un país» - Foto: EVA ERCOLANESELa Lomce ni partió de un diagnóstico claro y elaborado, ni contó con un consenso en la comunidad educativa. Por eso, sus objetivos no han ido en la línea de una reforma educativa que pretende un sistema educativo modernizador, innovador y homologado con el resto de los países europeos, capaz de responder a las necesidades reales. Ese fue uno de los grandes motivos que generó rechazo ante la actual ley, que solo obtuvo el apoyo del Partido Popular cuando fue tramitada y aprobada. 

En segundo lugar, se trata de una normativa profundamente ideológica, que introdujo itinerarios segregadores, rompió el equilibrio entre la educación pública y la concertada y, lejos de avanzar, nos trajo un modelo muy antiguo basado en las reválidas, descartado en la educación española desde hacía décadas.  

¿Qué hemos hecho nosotros? Responder a una demanda y a un acuerdo que firmaron todos los partidos, excepto el PP, en 2013, cuando se aprobó la Lomce, para elaborar una nueva ley con todos estos objetivos que acabo de plantear. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido dar cumplimiento a este compromiso con el resto de los grupos parlamentarios. En eso estamos, trabajando en una ley que mire hacia el futuro y que arregle algunas de las cuestiones que son fundamentales y esenciales en la educación española.

«Toda ley educativa debe responder a la realidad de un país» - Foto: EVA ERCOLANESENo cabe duda de que la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado. Usted que es profesora lo sabrá bien. Quizá por eso, cada cambio de Gobierno trae consigo una reforma de la normativa. En su opinión, ¿por qué es tan importante para los diferentes partidos reformar las leyes de educación?

Tampoco es cierto que con cada nuevo Gobierno haya una nueva ley educativa, porque básicamente todas las leyes que hemos tenido en España se han basado en dos fundamentales: la LODE, que reguló el derecho a la educación y armó esta garantía en base a un artículo de la Consitución Española, y la Logse. Todo lo demás han sido actualizaciones y modificaciones a estas dos grandes leyes. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es la Lomloe, que modifica la Lomce y, a su vez, la LOE. Por tanto, creo que hay que aclarar que no es que se cambie y se revolucione el sistema educativo, sino que se hacen adaptaciones a una ley paraguas. 

Por otro lado, hay que tener muy claro que la educación tiene que estar adaptada a los tiempos que vivimos. La educación es algo vivo y, por eso, no se puede plantear una ley educativa que no se modifique en ningún campo, porque no obedecería a la realidad. La sociedad, la tecnología, los aprendizajes, las metodologías, los contenidos... Todo avanza, y también las profesiones son nuevas, por tanto, el sistema educativo no puede quedarse aislado de las necesidades que hay en los ámbitos laboral y económico. En este sentido, la obligación de un Gobierno es adaptar la preparación del alumnado a lo que la sociedad requiere, y eso supone una modificación legislativa. 

La educación tiene que estar adaptada a los tiempos, pero siempre se ha hablado de un posible pacto de Estado entre los grandes partidos en el ámbito de la educación. ¿Ve posible que un acuerdo de este tipo se produzca en algún momento en España? 

Es un anhelo por parte de toda la sociedad que tengamos un consenso educativo. Yo diría, para tranquilidad de las familias y de las personas que nos están leyendo en estos momentos, que puede haber hasta un 95 por ciento de coincidencia en lo fundamental de una reforma educativa, pero siempre hay pequeñas diferencias que obedecen a distintas orientaciones políticas. Eso es lo que marca la diferencia, pero no debería ser la disculpa para no apoyar de manera global una ley. 

El artículo 27 de la Constitución fue el único consenso verdaderamente importante que se alcanzó en la educación española y en estos 40 años se ha avanzado en muchas cuestiones. Es cierto que para llegar a este consenso hubo generosidad por todas las partes, pero para el Partido Socialista la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo, porque está presente en todo el territorio y es la única que garantiza el derecho a la educación a todos los españoles; por eso hay que protegerla de manera especial. Esto, que para la mayoría de la sociedad es algo absolutamente interiorizado y lógico, hay personas que no lo acaban de entender y quieren equiparar la educación pública con la concertada. Nosotros queremos mantener el equilibrio entre ambos modelos, que ya está regulado por ley en la LODE, y queremos que la educación concertada, que recibe fondos públicos, tenga las mismas obligaciones que la educación pública. Por cierto, tengo que decir que la mayoría de la educación concertada comparte ese principio de que las obligaciones tienen que ser iguales para unos y para otros. Otra cosa son los centros privados.

La reforma de la Ley de Educación ha estado envuelta en polémica desde el primer momento. ¿Qué les diría a quienes opinan que esta reforma va a suponer un recorte en los derechos de los padres y titulares?

Los derechos de los padres y de los titulares no pueden ser modificados por una ley educativa, porque están recogidos en la Constitución a través de la libertad de enseñanza. La libertad de elección de las familias no se cuestiona en ningún momento. Insisto, de lo que se trata es de que exista un equilibrio entre la educación pública y la concertada. Tenemos que confiar en las comunidades autónomas, que son las que tienen que organizar la oferta educativa, lo que no queremos es que suceda lo que sucede en algunas regiones, donde cierto tipo de educación concertada ha buscado enriquecerse a costa de cuotas y prácticas que no consideramos adecuadas en un sistema que debe garantizar la igualdad de oportunidades. No nos gusta ese modelo que no permite que todo el alumnado pueda matricularse en él, porque entonces no se cumple el fin que tiene la educación concertada. 

De hecho, se ha hablado de frenar los «procesos privatizadores» de la enseñanza y de vetar la segregación del alumnado por razones de sexo

Nosotros entendemos que la educación financiada con fondos públicos debe evitar cualquier tipo de segregación: por origen socioeconómico, cultural, religioso o de sexo. Además, queremos avanzar en un principio, que también es constitucional y compartido por la mayoría de la sociedad española: la igualdad. No puede haber la misma educación en un centro que segrega por sexo, y esto también va asociado a esos papeles que tenemos que tener los hombres y las mujeres en la sociedad. Ese modelo de sociedad igualitaria y con principios para combatir la violencia de género en el que nosotros creemos choca directamente con la educación diferenciada. Insisto, de lo que hablamos es de los centros financiados con fondos públicos. 

Usted misma ha hablado de «mejorar el éxito de los alumnos y de bajar las tasas de abandono y fracaso escolar» como principales objetivos de la denominada Ley Celaá. ¿Qué medidas se aplicarán para alcanzar este fin?

Uno de los principios fundamentales del sistema educativo español es la descentralización. Las CCAA tienen las competencias en la gestión de la educación y nosotros, con esta ley, lo que queremos es dar mayor autonomía a los centros educativos para que sean copartícipes de la educación, decidiendo su proyecto educativo. Pero, a la vez, queremos plantear medidas en el ámbito estatal que fomenten el éxito escolar mediante una profunda reforma curricular. Ese va a ser uno de los grandes retos de esta ley, adaptar los aprendizajes que nuestros niños tienen que adquirir, el cómo los adquieren y también la forma de evaluarlos. Todo con el objetivo de motivar más a nuestros alumnos y alcanzar mayores grados de éxito escolar, reduciendo así uno de los grandes problemas de la educación española: la tasa de abandono escolar temprano, que sigue siendo de las más elevadas de la UE. 

Al mismo tiempo, vamos a frenar el porcentaje de repetición, que también está desproporcionado en relación a otros países europeos. Hay que recordar que, al finalizar la ESO, alrededor del 35 por ciento del alumnado español ha repetido algún curso, y la mayoría de esos alumnos acaba abandonando los estudios. Con este diagnóstico, tenemos que ser muy conscientes de adónde va la repetición y qué logros estamos consiguiendo con esta medida que, en principio, debería ser extraordinaria. Por tanto, queremos hacer un mayor seguimiento en la individualización de los aprendizajes, restringiendo a dos, una en Primaria y otra en Secundaria, las posibilidades de que un alumno repita. 

A grandes rasgos, esas son algunas de las medidas que planteamos para mejorar el éxito escolar. 

Habla de mirar a Europa, más concretamente a esos sistemas educativos que tienen buenos resultados. Es bueno fijarse en quienes van por delante para mejorar, pero ¿qué podríamos destacar de la educación española?

Tenemos un grado de equidad importante en el sistema educativo, es algo que dejan claro los informes PISA, a los que casi siempre se mira para ver lo negativo, pero nunca para ver lo positivo. España, gracias a una buena política de ayudas al estudio -de la que los socialistas nos sentimos plenamente orgullosos- y al derecho al aprendizaje -que permite a los alumnos no solo la escolarización, sino también su desarrollo como personas- destaca siempre en el grado de equidad, aunque no en todas las comunidades autónomas de la misma manera. 

También destacaría el nivel de satisfacción de los propios estudiantes españoles con su centro educativo, con sus docentes y con el sistema en general. 

Volviendo a la ley, el Grupo Socialista en el Congreso ya ha detallado que durante los últimos meses ha recibido aportaciones de asociaciones y de la comunidad educativa que se han visto plasmadas en 150 propuestas de modificación. Las enmiendas tienen que ver, entre otras cosas, con asuntos como la inclusión educativa, la transición ecológica y la educación afectivo sexual. ¿No es así?

La verdad es que este ha sido un proceso muy enriquecedor. Una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ha sido el tiempo que esta ley ha estado en exposición y que ha permitido que tantísimos colectivos y organizaciones hayan tenido la posibilidad de interactuar con los distintos grupos parlamentarios y enviar sus propuestas. 

Sí que hemos visto mucha preocupación en esos tres grandes ejes: el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad; la igualdad entre hombres y mujeres y la educación afectivo-sexual; y la inclusión educativa. Otro apartado importante es el de la digitalización. 

De hecho, la necesidad de reducir al máximo la brecha digital en educación, y más en la situación actual, es fundamental

Sí, de hecho ayer (el lunes pasado) debatíamos no una, sino cuatro PNL sobre la brecha digital, que no es más que el reflejo de la brecha social. El Gobierno está trabajando de una manera muy decidida para resolver el problema con una estrategia común muy asociada a los fondos que nos van a venir de la UE.

En julio se aprobó un nuevo Plan de Modernización de la Formación Profesional, dotado con 1.500 millones de euros para los próximos cuatro años, y se trabaja ya en una nueva Ley de FP. En un momento en el que parece que la formación universitaria no asegura un buen puesto de trabajo, parece lógico apostar por otro tipo de enseñanzas que han demostrado estar más conectadas con el mundo laboral

Sí, tiene mayor índice de inserción laboral y, además, es más flexible que el sistema universitario. La FP en estos momentos ofrece multitud de salidas y opciones, con formaciones de grado básico, medio y superior. El Gobierno también está impulsando cursos de especialización y la FP integrada, no solo la reglada, sino también la ocupacional. 

En este sentido, se van a poner todos los recursos a disposición de las personas, esa es una de las cuestiones a destacar de este nuevo plan, cuyo objetivo general es dotar al sistema educativo de una oferta de muchas más plazas. Esto exige la formación de los profesores, más organización de la FP dual y una gran colaboración con el mundo laboral a la hora de trabajar las cualificaciones, los contenidos y las propias titulaciones para saber qué es lo que se necesita. También se va a impulsar la Formación Profesional a distancia, como parte de la estrategia de digitalización de la que hablábamos antes. 

El reto es, junto a las CCAA, crear un marco para detectar las necesidades formativas y preparar a los futuros trabajadores para el mercado laboral.  En la actualidad, desde que se detecta la necesidad del título hasta que se oferta transcurre una media de 3 años y medio, algo que las empresas no se pueden permitir. Por eso estamos trabajando en el objetivo de reducir los tiempos a un año y medio, agilizando los trámites burocráticos para que la FP verdaderamente sea un motor de oportunidades laborales para nuestros jóvenes.

El PP ha tachado de «irresponsable» que se intente activar una reforma que considera «no tiene consenso». Cs también ha pedido al Gobierno que eche el freno al cambio legal. ¿Qué opina al respecto?

Yo les pediría que tuvieran un poco más de responsabilidad con la educación de este país. Ya hemos visto cómo una ley no trabajada ni acordada generó el mayor rechazo. Nosotros la única negativa que estamos viendo es la del Partido Popular, por eso creo que es el momento de que aporten algo sensato y en positivo al sistema educativo español. 

Si te das cuenta, a lo largo de toda la entrevista he estado hablando de los retos educativos, pensando que el principal objetivo son nuestros niños y jóvenes. No se trata de lo de unos o lo de otros, se trata de la educación de todos, y en eso estamos nosotros. Esperamos que se sumen a lo largo del proceso con las enmiendas que hayan presentado y que no se queden solos. Con posiciones absolutistas no se arregla la educación española. 

Lo de Ciudadanos es anecdótico, están instalados en una comisión que estuvo funcionando en el Congreso año y medio y no dio resultados. Por tanto, yo les diría que pasen página y avancen.

Para finalizar, ¿esperan encontrar los apoyos necesarios para sacar adelante la Lomloe?

Sí, aunque habrá que negociar mucho. Tenemos 176 votos a favor, pero como es una ley orgánica y no va por mayoría simple, habrá que transaccionar con unos y con otros.Eso dará como resultado una ley plural, que es lo que necesita este país. No queremos una ley solo del PSOE, sino una construida entre todos, reflejo de la fragmentación parlamentaria que hay en estos momentos en España. Ojalá que se sume también la derecha, porque, insisto, el 95 por ciento es compartido y el diagnóstico y los objetivos son los que deben primar por encima de todo. Creo que es evidente que la educación en España necesita una reforma curricular importante y homologar su metodología con otros países europeos; en eso creo que no puede haber grandes diferencias y, por ese motivo, les animo a que se sumen a la mejora de la educación española.