El Ayuntamiento deberá abonar  25 millones de euros a la Diputación con motivo del convenio suscrito en octubre de 2010 por ambas partes en el que se sustentaba la operación urbanística de la calle Jardines, tras desistir del litigio que las dos entidades mantenían al no estar de acuerdo con el justiprecio establecido por la comisión territorial de valoración el 19 de octubre de 2007. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que falla en contra del Consistorio se conoció en la tarde del martes y en estos momentos los servicios jurídicos municipales, tras la reunión mantenida a primera hora de ayer, se encuentran valorando el texto de cara a decidir si se ejerce el derecho a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que tiene un plazo de 30 días.

¿Qué repercusión tiene este enorme desembolso para la capital? Para conocer el alcance de la sentencia del TSJCyL cabe señalar dos datos: primero, que estos 25 millones de euros (unos 320 por cada uno de los 78.144 palentinos empadronados en la ciudad) suponen el 30,67 por ciento de los 81,5 millones del presupuesto con el que trabaja este 2021 y, segundo, que la suma casi triplica la cantidad que el Ayuntamiento reserva para el capítulo de inversiones, que en el presente ejercicio se eleva a 8,7 millones de euros.

A partir de ahora, y tal y como se ha llevado a cabo desde el inicio del proceso, se van a seguir las indicaciones que se hagan desde el servicio jurídico municipal y, cuando finalice de forma definitiva el expediente, se trabajará conjuntamente con la Diputación para llevar a cabo la solución menos gravosa posible para ambas instituciones.

El alcalde, Mario Simón, dejó ayer bien claro que no saldrá de las arcas municipales ni un solo euro hasta que la sentencia sea firme y dejó entrever que estos 25 millones se pueden pagar en metálico o buscando otras fórmulas que consensúen llegado el momento ambas instituciones. Por ejemplo, se podría realizar el pago en terrenos. 

«Todas las fórmulas van a estar abiertas en el momento en que la sentencia sea firme. En el Ayuntamiento tendremos la colaboración de la Diputación para dar forma a la mejor solución para esta controversia que dura ya demasiado tiempo», apuntó el regidor.

Por su parte, Armisén manifestó la voluntad de acuerdo de la institución que preside  para resolver este conflicto y ofreció a Simón «todas las facilidades» para que el cumplimiento del convenio sea una realidad «con el menor impacto posible para el Ayuntamiento, y siempre trabajando a favor de los ciudadanos». «Las administraciones tenemos que trabajar para dar soluciones, no generarlos», apuntó Armisén, quien concretó que se irá informando de todo el proceso con «absoluta transparencia».

DESDE 2005

El proceso se inició en septiembre de 2005 con la solicitud de expropiación por parte de la institución provincial de dos parcelas de su propiedad que el PGOU de 1992 destinaba a dotaciones locales, y continuó con la decisión de la Comisión Territorial de Valoración, que determinó que su valor era de 17,4 millones de euros, recurrida por las dos partes al entender que dicha cuantía no se correspondía con el valor real. 

Ambas desistieron de dichos recursos (12 de abril y 20 de mayo de 2010, respectivamente) para intentar ponerse de acuerdo en la solución. Fruto de dicha negociación, el 1 de octubre de 2010, el Consistorio, presidido por Heliodoro Gallego, y la Diputación, encabezada por Enrique Martín, firman un convenio expropiatorio y urbanístico, que es el que ha llegado hasta aquí, dada la imposibilidad de cumplir con las cláusulas fijadas en base a la legislación urbanística vigente (PGOU de 2008), y a pesar de haber intentado buscar posibles alternativas.