ACOM censura la "falta de transparencia" en ayudas mineras

Rubén Abad
-

Una delegación de alcaldes exige en la Unión Europea cambios en la normativa de funcionamiento de las futuras subvenciones europeas a la transición energética

ACOM censura la "falta de transparencia" en ayudas mineras

Los alcaldes de la Asociación de Municipios Mineros (ACOM-España) mantuvieron una reunión en Bruselas para poner en conocimiento del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y del Parlamento Europeo sus alegaciones al borrador del Reglamento que regulará el funcionamiento del futuro Fondo de Transición Justa. 

En el Plenario del CESE, la presidenta de Ana Luisa Durán, Ana Luisa Durán, puso en tela de juicio la «descarbonización exprés» a la que se han sometido los municipios mineros españoles «sin compensación alguna y lastrando sus posibilidades de recuperación». 

Por su parte, el presidente de ACOM y alcalde de la localidad leonesa de Villablino, Mario Rivas,  transmitió la preocupación de las comarcas mineras en España por la «falta de transparencia» en los criterios de reparto de las ayudas europeas a la transición, «que parten de la base de borradores de normativa injustos con la situación que viven los municipios mineros en nuestro país», puntualizó.

También mantuvieron una reunión con los eurodiputados Jonás Fernández, Ibán García y Esteban González Pons para trasladarles sus propuestas de alegaciones al borrador del reglamento europeo por el que se pondrá en marcha el Fondo de Transición Justa, dotado con 7.500 millones de euros. 

Entre las alegaciones figuran la de considerar un ámbito temporal elegible más flexible que reconozca los procesos de transición experimentados en las comarcas carboníferas con anterioridad a 2020.  Otros puntos clave serían, a su juicio, incluir indicadores para medir el esfuerzo en descarbonización; facilitar una discriminación positiva en la captación de inversión privada y, por último, establecer criterios objetivos y transparentes en el sistema de reparto del Fondo de Transición justa que incluyan fijar tanto un mecanismo de reparto justo como la de poner en marcha un observatorio de datos específico para el análisis, evaluación, seguimiento y control de las ayudas.