Castilla y León y el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular (Galicia, Madrid, Andalucía y Murcia) denunciaron ayer el diseño «impuesto» por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la gestión de los fondos europeos en materia de empleo.

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, junto a sus homólogos en las citadas autonomías, expresó su rechazó al diseño «impuesto» para que los fondos vayan a una relación de destinos funcionales concretos. Los consejeros de estas cinco comunidades mostraron su negativa a esta «invasión de competencias», puesto que su participación en la propuesta fue «puramente testimonial».

La Junta recibirá 37,1 millones de los 687,75 de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que ayer se repartieron durante la celebración de la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que presidió la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Carlota Amigo insistió especialmente en «la rigidez de la propuesta que no permite adaptar los programas y los fondos a las necesidades y potencialidades reales de cada territorio». Así mismo, lamentó que supone «un incremento de la carga administrativa que dificulta la tramitación y encarece la gestión». En resumen, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia defendieron la necesidad de «respetar las competencias autonómicas en el diseño de las políticas activas de empleo».

Estos gobiernos autonómicos mostraron su desacuerdo al comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades como «meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por el Gobierno, cuando son las autonomías las encargadas de su gestión».

Por ello, denunciaron que se «impongan» los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes y en su mayoría siendo imposibles de automatizar los procesos de aplicación sin, además, incorporar recursos suficientes para hacerlo en tiempo y forma.

Opacidad

Asimismo, se quejaron de la «opacidad» en el reparto de los fondos, ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades, sin que se haya dado a conocer «los criterios con los se van a asignar los 52.000 millones restantes».

Del mismo modo, advirtieron de que la fórmula utilizada incorpora «un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea».

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subrayó la importancia de la Conferencia Sectorial y de la colaboración con las comunidades ya que han logrado «llegar a acuerdos para acordar los grandes cambios en materia de políticas activas». «Ahora estamos dando otro paso, el paso de la materialización, estamos pasando de la programación a la ejecución», recalcó.

Según explica, la distribución de fondos de Recuperación y Resiliencia en 2022 y 2023 quedará supeditada al cumplimiento de los objetivos previstos para todo el Estado.