La buena salud urbanística de una ciudad pasa, entre otras cosas, por la renovación de los edificios en peor estado bien por su antigüedad, bien por su falta de mantenimiento. En los casos más drásticos, aquellos que terminan en ruina, no queda más remedio que tirar abajo el inmueble para dejar paso a nuevas construcciones.
Desde que Alfonso Polanco es alcalde de la capital, la concejalía de Urbanismo ha concedido un total de 76 licencias para la demolición de otros tantos edificios en la ciudad. Una actividad que se ha visto impulsadas, tal y como señalan desde el Ayuntamiento, a partir de la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana en lo que se refiere a las normas que rigen el casco antiguo, en 2015.
De hecho, 42 de esas 76 licencias se concedieron desde su aprobación, 12 en 2016; 21 en 2017; 8 el año pasado, y una este 2019, que fue registrada este mismo mes y afecta al número 8 de la calle Gil de Fuentes.
Esos cambios en el plan especial de protección y reforma del casco histórico, que se centraron en cuestiones técnicas como el aprovechamiento del espacio bajo la cubierta del edificio, terrazas y alturas libres de planta, hicieron que «el sector vuelva a construir en el centro histórico, ya que con la anterior normativa no era rentable», según explicó María Álvarez, responsable de Urbanismo.
Desde que se aprobaron esas nuevas normas, el Ayuntamiento ha concedido 10 licencias para el derribo de edificios en el centro de la ciudad. Tres en la calle Mayor Principal (números 26, 79 y 98) y el resto en Menéndez Pelayo (número 23), Barrio y Mier (número 4), Mayor Antigua (número 98), Bocaplaza, 4 -el que otrora acogió el bar El Palentino o la zapatería Lover-; Ignacio Martínez de Azcoitia (número 7) y el antes citado de Gil de Fuentes (número 8).
Si se cierra el foco sobre las licencias concedidas el año pasado, el total ascendió a ocho. Según los datos facilitados por la concejalía de Urbanismo, fueron para los edificios de Boca Plaza, 4 e Ignacio Martínez de Azcoitia, 7, en el centro, pero también para el número 13 de Luis Vives, los números 6 y 15 de la calle Manresa y de otro en la del Cerro, todos en el barrio del Cristo. Asimismo, se otorgó permiso de derribo para el número 10 de la calle Eras del Rosal, en Allende el Río; y para el 32 en San Juan de la Cruz, en el barrio del Carmen.
La inspección. Otra de las herramientas que ha ayudado a identificar inmubles en situación de derribo ha sido el Informe de Evaluación de Edificios. Este año, casi un millar deberá pasar la inspección que obliga el Ayuntamiento, 957 para ser exactos, los construidos entre 1950 y 1961, ya que el trámite es obligatorio para todo inmueble con más de 40 años de antigüedad.
Estas inspecciones han permitido detectar edificios en estado de ruina y que, por lo tanto, deben ser derribados para garantizar la seguridad tanto de sus inquilinos -si los tiene- como de los ciudadanos.