El Ministerio Fiscal ha solicitado para el que fuera alcalde de Collazos de Boedo, Antonio Herrero García, perteneciente a Ciudadanos y que ya no concurrió en los últimos comicios locales y autonómicos de mayo de 2019, una pena de un año y tres meses de  prisión como presunto autor de un delito de acoso laboral en la persona de la secretaria interventora del Ayuntamiento de la localidad.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público al que ha tenido acceso Diario Palentino, tras dictarse auto de apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal, sin que puedan determinarse fechas concretas, pero sí que ha sido en diversas ocasiones, y que siempre lo hizo supuestamente con el ánimo de ridiculizar y humillar a la secretaria interventora del Ayuntamiento, el acusado, en su condición de alcalde de la Corporación, y hallándose en las dependencias del Ayuntamiento, supuestamente profirió  contra ella expresiones como «maliciosa, veneno, inútil, hija de puta, para lo que pintas estás mejor en la cocina», incluso, al parecer, formuló en diversas ocasiones amenazas contra la profesional en el sentido que «la echaría del trabajo». 

Con el mismo ánimo, y sin que puedan concretarse los días, el fiscal relata que el acusado cuando estaba presente la secretaria interventora «daba puñetazos encima de la mesa, al tiempo que le gritaba, sin llegar a agredirla nunca físicamente». 

De forma más pormenorizada, relata que un día del mes de junio de 2015, Antonio Herrero García supuestamente impidió a la secretaria interventora salir del Ayuntamiento y cuando esta consiguió hacerlo y llegó hasta su vehículo, el acusado fue detrás de ella y la agarró del brazo, aunque finalmente la mujer pudo arrancar el vehículo para marcharse del lugar posteriormente.

La Fiscalía relata también en su escrito de acusación provisional que el 23 de marzo de 2017 el procesado se presentó en el despacho que la secretaria tiene en el Ayuntamiento, exigiéndole que firmara un decreto de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2017, negándose a hacerlo, ya que no estaba presente en el momento en que fue redactado y firmado por el alcalde.

Según relata la Fiscalía, le propuso al ya exalcalde hacer una copia y registrarlo con fecha 23 de marzo de 2017, a lo que se negó el procesado, que insistía que debía hacerse en la forma que él decía. 

El fiscal sostiene que toda esta situación ha creado en la secretaria interventora una situación de angustia y ansiedad para la que precisó tratamiento psicológico.

El caso será visto en el Juzgado de lo Penal después de que fuera instruido en su momento por el juzgado de instrucción número 1 de los de la capital.