La Ley de la Cadena aprobada en 2013 exigiendo la existencia de contratos fue un primer paso importante, pero insuficiente, para tratar de lograr un equilibrio entre los intereses de todas las partes que participan en ella, entre los que el campo, como último eslabón, es el principal perjudicado. Las modificaciones introducidas en 2020 consecuencia de las movilizaciones agrarias para regular aspectos como las ofertas o las promociones fueron un paso importantes. Sin embargo, fueron insuficientes para lograr una disposición realmente efectiva para eliminar las venta a pérdidas que en los últimos meses, por el efecto de la crisis, se han generalizado en algunos productos en aras de ganar consumidores con el consiguiente impacto negativo sobre agricultores y ganaderos.
Hoy, con la nueva Ley de la Cadena en tramitación parlamentaria para incorporar la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, partidos de la oposición, industrias y sector agrario coinciden en la necesidad de una normativa mucho más clara para prohibir y perseguir con razones objetivas ese tipo de prácticas. Una parte de la distribución también apoyaría esta modificación. En el PSOE domina la indecisión. En medios de Agricultura se prolonga la posición del partido del Gobierno, como ya es habitual en esta etapa plana, y no se han manifestado claramente sobre este particular. Sin embargo, se admite la necesidad de hacer algunos retoques sobre este punto para clarificar la situación y lograr una disposición realmente efectiva para perseguir este tipo de estrategias comerciales.
En relación, tanto con las ventas a precios de oferta o promociones como con la venta a pérdidas, el principal problema se halla en las diferentes posiciones que existen en el seno de la propia Administración, especialmente entre Agricultura (en defensa de unos precios dignos y sostenibles para la actividad agraria) y las posiciones defendidas históricamente desde otros departamentos económicos donde, con la mirada puesta en el IPC, el reto es tener una alimentación barata, aunque sea costa de la producción en origen. Tradicionalmente, salvo algunas raras excepciones como en los tiempos de Carlos Romero en sus enfrentamientos con Miguel Boyer y en parte con Miguel Arias Cañete, la realidad es que siempre se impusieron los planteamientos de otros ministerios económicos. Y, como punta de lanza de esa filosofía, se halla la posición ya clásica de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, donde las batallas de precios en el seno de la distribución se consideraron como algo positivo para la competencia con beneficios para los consumidores. Con estos mimbres, y un ministro que actúa a remolque de los hechos o las decisiones de otros departamentos (como en la batalla del lobo frente a Transición Ecológica), la regulación efectiva de la prohibición de la venta a pérdidas debería contar con los votos de toda la oposición y de parte de los partidos que están o sustentan el actual Gobierno.
La normativa en vigor sobre la Cadena Alimentaria contempla la exigencia de que se pague como mínimo el precio de coste de producción en origen y que en todo el proceso del producto, hasta la distribución, el precio no pueda ser inferior al escalón anterior. Sin embargo, en la fase final de venta al consumidor, algo que no entienden productores y la industria, el operador puede adoptar su propia estrategia, ofertas o promociones, pero siempre que no induzcan a error sobre el precio y la imagen del producto, no se perjudique la percepción en la cadena de valor sobre la calidad y el valor y esas rebajas no se carguen a espaldas de los otros operadores de la cadena. En ambos casos, conceptos subjetivos de difícil justificación para una denuncia y sanción.
La directiva comunitaria de 2019 sobre prácticas comerciales desleales en la cadena, que se debe trasponer a la normativa española, contempla un total de nueve situaciones como retraso en los pagos, cancelación de pedidos antes delos 30 días, modificación de contratos de forma unilateral, exigencia de pagos extras no contratados, pagos por deterioro, divulgación de secretos comerciales y represalias.
Desde el sector agrario se estima que se trata de una directiva de mínimos en la que no se contempla la prohibición de la venta a pérdidas, pero se considera que es igualmente una directiva abierta que ofrece la posibilidad de introducir otras situaciones. De acuerdo con ello, organizaciones agrarias en industrias trabajan para introducción de diferentes enmiendas para lograr una mayor clarificación y que su redacción no dé lugar a interpretaciones muy subjetivas como las referidas a la pérdida de imagen sobre el valor o la calidad de un producto o demostrar su impacto sobre los precios en la industria en origen. Desde UPA se entiende que una modificación a la actual normativa para evitar la venta a pérdida sería señalar que "el precio de venta de un producto por la distribución no podría ser inferior al precio de adquisición según factura". Ello supondría mantener la misma filosofía de exigir aplicar los costes acumulados en cada eslabón de la cadena, lo que facilitaría las denuncias que haga la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria (AICA) al tener que analizar solamente facturas y precios de venta.
Las actuales deficiencias en la redacción para persecución y castigo de la venta a pérdidas dieron lugar recientemente a que las organizaciones ganaderas productoras de carne (Asoprovac en el sector vacuno, Avianza en pollos, Aseprhu y Federovo en huevos y Anprogapor en porcino) solicitaran al Ministerio de Agricultura un incremento de las inspecciones sobre las oleadas de campañas de oferta y promociones de los productos agroalimentarios como reclamo a los consumidores en tiempos de crisis. Las organizaciones agrarias y las cooperativas denuncian a su vez la situación de inviabilidad del sector de la leche por los bajos precios impuestos por las industrias en los contratos que no cubren los incrementos de los gastos en piensos.