El Ayuntamiento de la capital y la Diputación esperan a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ponga fecha al juicio contencioso-administrativo por la calle Jardines para decidir si piden a la sala un nuevo aplazamiento de la vista para seguir negociando o, por el contrario, dejan en manos de los jueces la resolución a este conflicto.

Desde hace semanas, los técnicos y jurídicos de ambas instituciones bregan por encontrar una solución legal y económica que satisfaga a ambas administraciones. Por ahora, según confirman fuentes de ambas partes, siguen buscando aunque cada vez quedan menos puertas que abrir para dar una salida a este espinoso asunto.

Y es que tanto el Ayuntamiento como la Diputación tienen las de perder en un conflicto heredado, que surgió en 2010, en las postrimerías de los mandatos del socialista Heliodoro Gallego y del popular Enrique Martín, cuando alcanzaron un acuerdo que permitió conectar la calle Jardines, y que pasaba por la cesión de 38.287 metros al Ayuntamiento a condición de que este le devolviera a la Diputación en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada.

Esa recalificación debía deparar a la institución provincial 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, pero el pacto nunca se ejecutó y ambas instituciones lo fueron aplazando con cuatro prórrogas -2012, 2014, 2016 y 2018- que han generado más de 5 millones de euros en intereses.

La cuenta va ya por 25 millones de euros y los intereses aumentan cada día, así que no es de extrañar que en el ánimo de cada administración esté el finiquitar este asunto cuanto antes. Haya acuerdo o no.

La mera idea de tener que afrontar un pago de 25 millones de euros hace temblar los pilares del Ayuntamiento, por eso los técnicos municipales están luchando por encontrar una fórmula que rebaje todo lo posible esa cantidad y un plan de pagos que no hipoteque la inversión de la ciudad durante, como mínimo, la próxima década.

una cuenta inasumible. En el Consistorio saben que el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León en el que se fijó que «no procede que el Ayuntamiento declare la nulidad de pleno derecho de los actos aprobatorios del convenio expropiatorio y urbanístico suscrito con la Diputación, de sus prórrogas y de los demás actos relativos a la expropiación de los terrenos objeto del convenio» de la calle Jardines, hace que tengan las de perder si el caso llega a los tribunales. 

Por ese motivo, en el número 1 de la plaza Mayor se habla sin ambages del «problema económico más grave en la historia del Consistorio» y están sondeando cualquier opción que lleve a un acuerdo por la Diputación. 

un problema político. En la institución provincial, el panorama no es mucho mejor. Aunque habrá quien piense que 25 millones de euros serían maná caído del cielo para sus arcas, sus dirigentes son conscientes del negativo impacto político que generaría en la sociedad capitalina.

Por eso, aunque el Consejo Consultivo ha dado la razón a los planteamientos de la Diputación, saben que su principal problema es cómo explicar a los 78.412 vecinos de la capital, casi la mitad de los habitantes de la provincia, que el desarrollo de la capital quedará hipotecado durante años por 200 metros de calle. 

Los técnicos y jurídicos de la Diputación se devanean los sesos para hallar un difícil equilibrio entre el cuánto y el cómo. Por una parte, exigir al Ayuntamiento una cantidad que no suponga renunciar a la legítima defensa de los intereses de la institución y, por otra, una forma de pago y reinversión de ese dinero en la ciudad que no dañe la imagen de la Diputación para siempre.

En esto se centran las negociaciones, en el diseño de una herramienta que satisfaga a las dos partes. Si lo logran antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ponga fecha al juicio, las dos instituciones pedirán un nuevo aplazamiento hasta llegar a un pacto. Si no dan con ella, serán los jueces los que pongan punto final al desencuentro.