Castilla y León suma 99.000 personas que acumulan tal cantidad de dificultades que se puede calificar como "una sociedad expulsada", preocupada básicamente por poder sobrevivir en el día a día y "a las que prácticamente no llegan las medidas de protección social". Esta parte se ha triplicado en los últimos cinco años en Castilla y León y se intregra en el conjunto de 368.000 personas en riesgo de exclusión social moderada o severa, según se recoge en el de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), cuyo Patronato preside Cáritas y que fue presentado hoy en Valladolid.

El coordinador de la investigación y miembro del Comité Técnico de Foessa, Guillermo Fernández Maíllo, indicó que en la Comunidad una cada siete personas está en riesgo de exclusión social moderada o severa, lo que supone un 15,3 por ciento de la población total frente a la tasa nacional de pobreza del 21,6 por ciento. De ellas, 214.000 presentan una exclusión severa, pasando de ser un 5,1 por ciento de la población castellano y leonesa en 2013 a un 8,9 por ciento en 2018.

Además, se refirió al hecho de que hay en la Comunidad 287.000 personas que aunque podrían llegar a la integración social se califican como "inseguras", por que no tienen o no han podido en los años de recuperación tras la crisis "mantener un colchón de la asistencia" y pueden llegar en breve a ser excluidas.

El informe, que se elabora cada cinco años, analiza el concepto de exclusión social a partir de 35 indicadores elaborado por 500 personas comprometidas con la realidad de los desfavorecidos y analizado por 125 investigadores de más de 30 universidades españolas y 13 organizaciones de acción e investigación.

Problema enquistado

En este sentido recalcó que el problema en el conjunto nacional "se ha enquistado y que existe "un alto riesgo" de que la exclusión social "se cronifique" en Castilla y León. En ese sentido expuso que las personas con riesgo de pobreza moderada o severa sólo se ha reducido un 7,5 por ciento, mientras que la caída en el conjunto de España ha sido superior al 25 por ciento.

El informe de Foessa pone de manifiesto además que el perfil de la persona en riego de exclusión social moderada o severa en Castilla y León responde a un hombre entre los 45 y los 64 años de edad, de los cuales, una gran parte, en torno a un 45 por ciento, tiene trabajo "lo que no es garantía de poder participar en la integración social", dijo el coordinador del informe.

En esta línea añadió que nueve de cada diez personas en la Comunidad en riesgo de pobreza son de nacionalidad española, y tres de cuatro hogares donde residen no hay niños. "Fundamentalmente, y esto es un dato importante por la realidad de la España vaciada, casi el 37 por ciento de la exclusión en Castilla y León se encuentra en los municipios de menos de 5.000 habitantes", explicó.

Además, puso de manifiesto que en el caso de la inmigración el riesgo de padecer exclusión es mayor aunque en el caso de los que proceden de fuera de la UE en la Comunidad el porcentaje es de un 4,5 por ciento. "Aún así muchas personas de este tipo están instaladas en el miedo a no tener un estatus social adecuado, que muchas veces es aprovechado en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas desde la política y los medios de comunicación, por ejemplo con la xenofobia. Las encuestas de opinión no recogen que la inmigración sea un problema y es importante crear conciencia cívica con los que sienten miedo hacia ella y comprender sus razones, pero también explicarles cuál es el significado de la hospitalidad", aseveró.

Vivienda, empleo y salud

Además, el informe Foessa incide en el hecho de que el derecho a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, y en el caso de la Comunidad es el primer generador de dificultades en la sociedad, ya que un 20,2 por ciento de la población en exclusión se ve afectada por esta dimensión. Así, hay 143.000 personas, repartidas en 49.000 hogares, que residen en una vivienda insegura, lo que supone que no tienen contrato de arrendamiento o que tienen notificaciones de desahucio. Además, 164.000 personas lo hacen en una vivienda inadecuada, es decir que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. Asimismo, en Castilla y León hay 64.000 hogares que tienen serios problemas para afrontar los pagos que genera una vivienda, lo que supone un 17,7 del total de los que padecen exclusión.

En cuanto a la desigualdad en el mercado del trabajo, un 13 por ciento de las personas que tienen un empleo en Castilla y León se encuentran en riesgo de exclusión social. A pesar de la reducción progresiva del desempleo, la exclusión afecta en mayor medida a trabajadores a jornada completa y una de cada cuatro personas en la Comunidad tienen que combinar los ingresos de su empleo con los de la protección social.

En la dimensión de la salud, aspecto más influyente en el ámbito de la exclusión, el 58 por ciento de esta franja que la padece en Castilla y León, se encuentra afectada por este factor, donde se une la mayor edad del conjunto de la población y la edad avanzada de las personas con determinadas carencias o discapacidades que limitan su vida.

Así sufren carencias de protección vinculadas a le enfermedad, la edad y la salud un 58 por ciento de las personas excluidas en la Comunidad, porcentaje que ha aumentado un 136 por ciento en los últimos cinco años. Asimismo, en 67.000 hogares de este tipo hay algún discapacitado y en 45.000 enfermos graves o crónicos.

Valoraciones

En cuanto al informe Foessa, el arzobispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, explicó que una de sus grandes aportaciones, que suman cientos de páginas en el conjunto del país y que interpretar muchos aspectos, "es que recoge y presenta los datos pormenorizados en los diversos del territorios". Además, dijo que los resultados, más allá de lo económico, "tienen que ver con la propia concepción de la persona, las expectativas y sentido de la existencia, o las reglas del juego laborales y económicas que nos hacen vivir con horarios y situaciones complicadas".

En esta línea significó que la información aportada "tiene un interés grande para abrir un diálogo entre tantas y tantas instituciones y personas que tienen que ver con la realidad del desarrollo social y con el deseo de exclusión que veces se da, y con fuerza entre nosotros", apuntó.

Por su parte, el presidente de Cáritas de Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, añadió que en los últimos años la cantidad de personas atendidas se mantiene en los últimos años entre 100.000 y 120.000 y que el principal problema de la exclusión lo representa el aumento de la edad en la población castellano y leonesa, con especial incidencia en los núcleos rurales con menos de 5.000 habitantes.

"Es imprescindible un apoyo de todos los sectores sociales para poder reducir la intensidad de este tipo de exclusión, programas más integrales y abordados de forma conjunta donde la comunidad cercana tenga un papel relevante y no se deje en manos de las familias. Las intervenciones que no sean más integrales no estén consiguiendo frenar la exclusión social", apuntó.