El Consejo de Ministros aprobó declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil doce comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que en los últimos meses han sufrido inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos de distinta naturaleza.

El acuerdo abre la vía para que puedan solicitar ayudas públicas quienes hayan sufrido daños provocados por recientes inundaciones sufridas entre los pasados 20 y 24 de septiembre, en noviembre y este diciembre de 2021 en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco y Murcia. También recoge un episodio de lluvias torrenciales en enero de 2020 y un tornado en agosto de 2020, ambos acaecidos en Illes Balears.

Asimismo, el acuerdo permitirá resarcir los daños provocados por diversos incendios forestales ocurridos desde el pasado mes de septiembre en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears, así como un incendio acaecido en Córdoba (Alcaracejos) en agosto de 2021.

A fin de paliar los daños personales y materiales producidos, el acuerdo adopta una serie de medidas previstas la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Las ayudas económicas se fijan en 18.000 euros  porfallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros; 2.580 a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad; 15.120 por destrucción total de la vivienda habitual; 10.320 por daños a la estructura de la vivienda habitual: el 50 por ciento de los daños; 5.160 por otros daños en la vivienda habitual;  9.224 euros por daños a elementos comunes de una comunidad de propietario;  9.224 euros a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos; la totalidad a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes; y entre el 50 y el 100 por ciento a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

Según informa Ical, se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados).

El Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar bonificaciones laborales y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

El Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

Esta declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil amplía el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de septiembre de 2021, que abrió el cauce legal para la concesión de ayudas a nueve comunidades autónomas para paliar los daños provocados por diversos episodios de incendios forestales o fuertes lluvias que provocaron inundaciones.