El Consejo de Gobierno autorizó hoy al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a presentar la reclamación al Consejo de Ministros del pago de las cantidades debidas a la Comunidad de Castilla y León en la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que asciende a 142 millones de euros. Asimismo, se reclamarán 40 millones más correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado, es decir, un “importe indirecto” que proceden del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (30,98 millones) y del Fondo de Cooperación (9,32 millones).
De esta forma, se reclama una cuantía total que asciende a 182 millones de euros, dado que este “no pago” ha supuesto para la Comunidad Autónoma una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación. El requerimiento incluye también los intereses legales correspondientes a las cantidades debidas. La cantidad, admitió Carriedo, no se ha incluido en el techo de gasto “porque es un dinero que no está garantizado” y el deseo de la Junta es “cumplir” el objetivo de déficit.
A juicio del consejero, “se ha cumplido parte de la cadena”, pues los ciudadanos han pagado el IVA, el Gobierno lo ha ingresado, “pero no lo ha transferido a la Administración regional, competente en la prestación de los servicios básicos gracias, entre otros, a la recaudación del IVA”. “Es un equiparamiento injusto con beneficios sólo para la AGE”, insistió Fernández Carriedo, quien informó de que el Consejo de Ministros tiene ahora un plazo de tres meses para responder a esta petición administrativa. “Si lo paga, nosotros contentos y se cierra el procedimiento. Si no lo hace lo recurriremos y como última instancia acudiremos a la vía judicial”.
En este sentido, Carriedo explicó que de este modo “se otorga la última oportunidad por la vía del diálogo”. “No nos pueden acusar de falta de diálogo”, reiteró, para añadir que la Junta prefiere la vía administrativa, frente a otras comunidades, como Cataluña, que directamente ha judicializado el procedimiento para la petición del IVA. “Entonces no queríamos hacer seguidismo y ahora damos otra oportunidad”, cerró el consejero.
Igualmente, señaló que se han celebrado reuniones, precisamente, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando en opinión de la Junta a “Castilla y León no se la ha escuchado”.
En este sentido, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, reprochó al Gobierno central que mantenga “un trato bilateral” con el Ejecutivo catalán, que no asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde a su entender se debería haber tratado la reclamación del IVA, como así trasladó Carriedo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.