La Diputación requiere a la ciudad el pago por la calle Jard

Carlos H. Sanz
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La institución provincial solicita la ejecución del convenio, a lo que el Ayuntamiento se niega y presentará alegaciones. Mientras, el expediente de resolución avanza a la espera del Consultivo

La Diputación requiere a la ciudad el pago por la calle Jard - Foto: Eva Garrido

La Diputación ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la ejecución del convenio de la calle Jardines. Era el paso esperado después de que el Ayuntamiento aprobase en el pleno del mes de enero iniciar el expediente de revisión de oficio para declarar nulos todos los actos administrativos del acuerdo que hizo posible la urbanización de los 180 metros de la calle Jardines: el expediente expropiatorio de terrenos, el convenio expropiatorio y urbanístico entre la institución provincial y el Consistorio y las prórrogas del mismo.
Dicho de otra forma, la Diputación reclama a la capital lo acordado en 2010 por el socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín, que no es otra cosa que  18.113 metros cuadrados de suelo en la zona de San Telmo recalificados a urbanizables y con una edificabilidad mejorada. O, en su defecto, 19 millones de euros -que es lo que se pensaba entonces que la explotación urbanística de ese suelo iba a deparar a las arcas provinciales- más 5 millones de euros por la demora de un acuerdo que debía haberse cumplido en 2012. 
La respuesta del Ayuntamiento al requerimiento de la institución provincial va a ser negarse y presentar alegaciones al expediente, explicando lo que lleva diciendo desde marzo, que el convenio no se puede ejecutar, basándose en que el acuerdo partió de un Plan General de Ordenación Urbana, el de 1992, anterior al que estaba en vigor (2008), y en que la valoración de los terrenos que se pretendía entregar a la Diputación a precios de 2007, antes de la crisis económica, no es la misma que la que se puede hacer hoy. El Ayuntamiento, además, sabe de la oposición vecinal a esta operación urbanística.
Mientras prepara estas alegaciones, los técnicos municipales van a tramitar también una prórroga de seis meses para que el expediente no caduque -lo hará en cuestión de semanas-, y, desde el punto de vista político, el alcalde, Mario Simón, intentará acercar posturas con la Diputación.
«Vamos a intentarlo aunque es muy complicado, ya que todas las posiciones de ambas instituciones están apoyadas en informes técnicos. Ninguna dirección política irá en contra de esos dictámines porque sería lo mismo que ir en contra de los intereses de la institución», declara Simón, que ayer informó en la Junta de Gobierno Local de todo el procedimiento.
consultivo. Además, paralelamente a este requerimiento, sigue su curso el expediente de revisión de oficio, sobre el que el equipo de Gobierno espera un dictamen del Consejo Consultivo -que ya rechazó pronunciarse sobre el asunto- en el que se dé una alternativa al pago de esos casi 25 millones de euros antes de que el conflicto se judicialice.
Con ello, la ciudad confía en tener la suficiente fuerza para rebajar las cifras del acuerdo y evitar que la Diputación acuda a los juzgados, momento en el que cualquier oportunidad de solución política quedará ya descartada y en el que las dos administraciones estarán conminadas a lo que decida un juez.
Cabe recordar que durante el anterior mandato, el grupo de Ciudadanos se mostró partidario de solventar este conflicto a través de dos soluciones alternativas; por una parte, el pago del justiprecio de la calle y el retorno del resto de los terrenos al Ayuntamiento, pero a un precio actualizado a día de hoy. 
Y, por otra, la cesión gratuita del uso para que sea utilizada por todos los palentinos. «Desde Ciudadanos no vamos a hipotecar el futuro de Palencia ni vamos a permitir que se suban los impuestos a los palentinos para pagar 25 millones de euros por 750 metros de calle», aseguró Mario Simón, entonces en la oposición.
Además, la formación naranja se mostró muy crítica con los ediles del Ayuntamiento con asiento en la institución provincial a la hora de tratar este asundo. «Ningún concejal estaría legitimado moralmente para formar parte de la Diputación. No puede haber intereses cruzados, no pueden aprovechar el Ayuntamiento para tener un acta de concejal y después ir a otra institución para pretender hipotecar al Ayuntamiento», explicó el entonces portavoz de Cs, Juan Cruz Vidal.