PP y Ciudadanos apoyaron hoy la reforma de la normativa que regula el Consejo de Cuenta para que pueda dar luz verde con autonomía a su informe anual de fiscalizaciones, ya que a día de hoy debe pasar por las Cortes para su aprobación. El PSOE, sin embargo, lo rechazó, argumentando que no renunciará a ningún mecanismo de control al Ejecutivo autonómico.

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes dio luz verde hoy con los votos de populares y liberales (nueve) y la abstención de los socialistas (siete) al Plan de Fiscalizaciones 2020 del Consejo de Cuentas, que presentó su presidente, Mario Amilivia.

El responsable de esta institución propia de la Comunidad advirtió a los procuradores: “Yo no vengo a pedir su voto, vengo a presentar el plan que hemos elaborado de manera autónoma, soberana y responsable; vengo a pedirles que respeten nuestro trabajo y la independencia de nuestros trabajadores”.

Amilivia exigió de nuevo una “modificación legislativa” de su ley reguladora para corregir la “excepcionalidad” de que el plan de fiscalizaciones que diseña tenga que ser aprobado por el Parlamento autonómico. Mario Amilivia reiteró su “aspiración” de “reforzar la independencia” del Consejo de Cuentas para que pueda aprobar con “autonomía” sus fiscalizaciones.

En este sentido, recordó que este es uno de los objetivo centrales que se marcaron en el Plan Estratégico con el que se dotó el órgano de fiscalización y lamentó que “Castilla y León es la única autonomía en la que su órgano de control externo no goza de autonomía para la aprobación de este plan”.

Amilivia solicitó independencia conforme a los principios que definen los organismos internacionales y en línea con la autonomía funcional de los otros once órganos de control externo “todo ello sin perjuicio de cuantos trabajos pudieran añadir por las Cortes”.

El portavoz del PP en la Comisión, Salvador Cruz defendió que la reforma legal del Consejo de Cuentas “se debe abordar esta legislatura” y lamentó que “seamos los únicos que aún tenemos que aprobar el plan de fiscalizaciones, lo que es una merma en la autonomía” del órgano. Asimismo, expuso que deben plantearse la modificación de la ley de instituciones propias de 2013, que se aprobó de forma “acertada” en un contexto de crisis, ya que en la actualidad es preciso “replantear algunas decisiones” siempre “con el máximo consenso”. Cruz también expuso su apoyo al plan de fiscalizaciones diseñado por el Consejo de Cuentas para 2020, que definió como “coherente” así como “novedoso”.

Por su parte, el procurador de Ciudadano Juan Pablo Izquierdo trasladó que desde la formación naranja” defienden que “la autonomía del Consejo de Cuentas es totalmente necesaria para que la transparencia fluya”, aseguró que tomaba nota de las demandas de Amilivia de modificación de la normativa que rige el órgano fiscalizador y anunció que “trabajarán en esa línea”. “Me llama la atención que somos la única comunidad que no puede aprobar su propio plan”, dijo, para valorar en su apoyo al programa, las fiscalizaciones al gasto funcional y a los sistemas de Administración electrónica local.

Tufillo de corrupción

En el extremo opuesto se situó la parlamentaria del PSOE Rosa María Rubio quien sentenció ante las demandas de Amilivia que su partido “no va a renunciar a ningún tipo de control que se pueda hacer al Ejecutivo desde todos los planos legales existentes y uno de ellos es la fiscalización del Consejo de Cuentas”.

Rubio asumió que el Consejo de Cuentas tiene “recursos limitados en tiempo y en personal” y manifestó el apoyo de su grupo para que se le dote de más medios, para exigir que se limiten y prioricen las áreas de fiscalización en las materias que interesan a los ciudadanos, donde, dijo, “hay tufillo de corrupción”.

En este sentido, discrepó del trámite de aprobación del plan de fiscalización, en el que sólo pueden votar, sin poder someter el programa a negociación para que se puedan admitir enmiendas que representen a todos los ciudadanos “cuando nos levantamos todos los días con casos de corrupción”.

La procuradora incidió en que el reto es saber “en qué se gasta el dinero y si se ha despilfarrado” y para eso, comentó, “hay que fiscalizar los estamentos donde se corre el riesgo de que se ha gastado en lo que no se debe” en una autonomía que lleva siendo un “chiringuito” del PP los últimos 30 años, ahora con el apoyo de Ciudadanos.

La procuradora justificó así su abstención al plan anual y espetó a Amilivia que tenía en su mano el voto favorable si incluyese “algunas de las decenas de enmienda presentadas por su grupo” a la fiscalización en una autonomía que es “un nido de corrupción". "Ustedes pueden ayudar a destaparlo”, dijo.

Al respecto, exigió una fiscalización extraordinaria del HUBU, a lo que Amilivia respondió que ya está siendo analizado dentro del informe comparativo del gasto no sanitario de varios hospitales. Aseveró el presidente del Consejo de Cuenta que tampoco parece muy oportuno ese informe cuando el centro burgalés está “en situación jurisdiccional” tras una denuncia.

Plan ambicioso

Mario Amilivia defendió ante la Comisión un Plan de Fiscalización 2020 “ambicioso” y recalcó que supone una importante “carga de trabajo” y su finalización superará el horizonte temporal de este año. En concreto, el plan incluye cuatro informes por mandato legal y 13 especiales, a los que hay que sumar 17 fiscalizaciones procedentes de planes anteriores, cuya finalización se proyecta para este año.

La programación incluye los informes de mandato legal sobre la Cuenta General de la Comunidad de 2019; sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial del año pasado; sobre contratación administrativa, y acerca de las cuentas del sector público local.

Asimismo, prevé varias fiscalizaciones especiales, que se centrarán en la situación y actividad económico-financiera, y la ejecución funcional del gasto de la Comunidad de 2018; así como en el análisis de los sistemas de evaluación del gasto público.

Está previsto también que el órgano fiscalizador analice los convenios celebrados por la Comunidad en 2018-2019; y el cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación en esos años.

El plan también incluye la fiscalización de la estrategia par el cambio climático 2009-2020; y el estudio de la situación económica de la Universidad de León y de sus entes; junto a un análisis comparativo de la eficacia recaudatoria de las diputaciones.

Otros trabajos especiales se centrarán en la fiscalización de los servicios de asistencia técnica de las instituciones provinciales; así como de determinadas áreas de los ayuntamientos de Zamora y Soria, en 2019. Asimismo, se incluyen trabajos sobre la situación de seguridad informática en las entidades locales; y sobre la implantación en estas administraciones de la administración electrónica. Concluyen estas laborales con los informes de seguimiento de las recomendaciones