El Ministerio de Justicia se comprometió ayer a realizar los reajustes necesarios para que la oficina judicial única, que acaba de cumplir un año desde su puesta en marcha, funcione correctamente tanto para los profesionales afectados como para el justiciable.
Esta quizá fue la conclusión principal de la maratoniana jornada de trabajo que llevó ayer a cabo una delegación del Ministerio encabezada por la directora general de la Modernización de la Justicia, Sofía Duarte, con representantes de la judicatura, secretario coordinador, Fiscalía, funcionarios, cuerpo de letrados, abogados y procuradores de Palencia. De hecho, la primera reunión se inició sobre las 9,30 horas y la última concluyó sobre las 18 horas.
El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Javier Rafols, aseguró en declaraciones a Diario Palentino que la oficina judicial ha concitado críticas más o menos severas dependiendo del sector afectado, pero reconoció que en su área no hay tantos problemas, salvo quizá en el departamento de ejecución, que necesitaría más personal.
La jueza decana, María Rosa Martínez López, tal y como apuntó en febrero en declaraciones exclusivas a este periódico, se reafirmó ayer en que la situación «es desoladora». «Me consta que los representantes del Ministerio están preocupados por el funcionamiento de la nueva oficina judicial. Existe un colapso y eso redunda en la calidad de la Justicia, que ha retrocedido evidentemente de un año acá. Por otro lado, la estadística dada a conocer (DP la publicó el pasado domingo) no nos la creemos y nos consta que se tomarán decisiones de aquí a septiembre», apuntó la decana. Quienes se mostraron muy críticos fueron, una vez más, los abogados y procuradores, cuyos colegios, coincidiendo con la citada jornada de trabajo, convocaron una concentración ante las puertas del palacio de justicia por el «pésimo funcionamiento» de la nueva oficina judicial.
El decano del Colegio de Abogados, Santiago González Recio, leyó un manifiesto en el que insistieron en pedir la supresión del Servicio Común de la Ordenación del Procedimiento y Tramitación (SCOP). Criticaron las «numerosas suspensiones» de vistas y juicios por «una mala tramitación» y que «no es admisible» que no exista un punto de información en el palacio de justicia (el Ministerio de comprometió ayer en que en septiembre este servicio será una realidad). También exigieron que se dote a los servicios con personal contratado cualificado puesto que consideran que «lo que están contratando carecen de conocimientos administrativos jurídicos».
Por último, Arantxa Fernández, del sindicato STAJ, mayoritario en la junta de personal, reiteró que los funcionarios «están adecuándose cada vez más y mejor a los nuevos retos tecnológicos que imperan en el mundo de la Justicia y todos los colectivos debemos hacer lo mismo». «El esfuerzo realizado por los funcionarios en este último año ha sido titánico y las modificaciones realizadas tanto en el SCOP como en otros servicios han servido para avanzar y mejorar el trabajo diario», añadió.