Castilla y León será la segunda comunidad autónoma, tras Baleares, en la que más crecerá el número de personas pobres por la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19, aumentando un 10,97 por ciento, al pasar de los 376.291 a los 417.553, tras la irrupción del coronavirus. Esto supone que 41.262 castellanos y leoneses se verán arrastrados a la pobreza a causa de la pandemia y sus efectos sobre la economía, según se desprende del último informe de la ONG Oxfam Intermón ‘Una reconstrucción justa y necesaria es posible’, que avisa de que la crisis socioeconómica causada por la pandemia deja en España una huella «desigual» que, a largo plazo, puede ser» «más grave» que el coronavirus, informa Ical.
En ese sentido, el estudio calcula que habrá más de 700.000 personas adicionales en la pobreza a nivel estatal, y además, según las estimaciones de la organización, el previsible aumento de la desigualdad supondría acabar con la reducción de ésta durante los últimos cuatro años. Esto indica que las personas con menores ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas, según la ONG.
Asimismo, las autonomías que registran un mayor incremento porcentual de la pobreza son Baleares (11,69%), Castilla y León (10,97), Aragón (9,72) y Cataluña (9,43). En términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarían a estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más, mientras en la Comunidad serán más de 41.200.
En cuanto a la tasa de pobreza, el territorio con un mayor aumento es Extremadura (2,59%), seguida de Andalucía (2,38) y Canarias (2,14). El informe contempla un aumento para Castilla y León de 1,72 puntos, al pasar la tasa de pobreza del 15,66% al 17,38 por ciento, la novena tasa más baja.
Trabajadores precarios
En apenas 22 días, Oxfam Intermón calcula 900.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social por la paralización de la actividad económica, con especial afectación en sectores como la construcción o la hostelería, en los que el 73% de personas corresponde a grupos de cotización bajos. «Tenemos que garantizar los derechos de quienes han garantizado nuestra supervivencia, personas que han resultado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda: profesionales sanitarios, mensajeros, riders o falsos autónomos, cajeras de supermercados o jornaleros agrícolas», afirmó la responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
Ante esto, desde Oxfam Intermón proponen varias medidas para reducir la precariedad laboral, desde reformas estructurales que den mayor peso a sectores de más valor añadido hasta procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas que eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación.
También plantea el incremento de la inversión pública en el sector de los cuidados como residencias de personas mayores y la incorporación de las trabajadoras del hogar y cuidados al régimen general de la seguridad social.
Todo esto, dicen, no puede hacerse con una recaudación fiscal que a su juicio sigue estando cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Por ello, propone medidas fiscales extraordinarias y estructurales, que supondrían unos ingresos de al menos 10.000 millones de euros adicionales.