Las solicitudes de penas de prisión reclamadas por la Junta y elPSOE para los acusados en el caso de compra de los edificios de Arroyo y polígono de Portillo, conocido comúnmente como ‘caso de la Perla Negra’ tienen una diferencia de casi 200 años de cárcel. Mientras que los servicios jurídicos delEjecutivo autonómico reclamaron ayer un total de 20 años de prisión, multas por 22,5 millones y una responsabilidad civil de los acusados a pagar a la Administración Autonómica de 16,3 millones.Por el contrario, los socialistas interesan penas que en su conjunto se elevan a 221 años de prisión, indemnizaciones por importe de 25,5 millones por la pérdida patrimonial derivada de la operación del edificio adquirido en Arroyo de la Encomienda, así como otros 25,3 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.
Los hechos objeto de investigación abarcan desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y básicamente han sido dos. En primer lugar, se han investigado los hechos de la Agencia de Desarrollo Económico y de la empresa pública Gesturcal en el proceso de compra del Edificio Administrativo de Arroyo de la Encomienda como sede de diversas entidades públicas, y en segundo lugar, los hechos de la misma empresa pública sobre el proceso de compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, ambos ubicados en Valladolid, informa Ical.
Por estos hechos, la Junta reclama para el que fuera viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, por el delito continuado de negociación y/o actividad prohibida 4 años y medio de prisión, y por el delito continuado de malversación 7 años de prisión, e inhabilitación absoluta por 18 años. Para otro cargo de la empresa pública, y también exviceconsejera de Economía, Begoña Hernández, 4 años de prisión por el delito de malversación. Para un empresario privado, por el delito continuado de tráfico de influencias 11 meses de prisión y multa de 10 millones. Y para otros cinco empresarios privados, a cada uno de ellos, por el delito continuado de tráfico de influencias 9 meses de prisión y multa de 2.500.000 de euros.
El director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, explicó que el interés que persiguen es el esclarecimiento de los hechos, la protección de los derechos e intereses de la Administración Autonómica, exigiendo la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubieran podido cometer.
Postura socialista
Mucho más duras es el escrito de calificación provisional elaborado por el PSOE, que reclama 34 años de cárcel tanto para Rafael Delgado como para Begoña Hernández, además de la inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público durante 105 años, y multas de más de 56 millones de euros. En cuanto al volumen de pena, les sigue los empresarios Alberto Esgueva, con una petición de 22,5 años de cárcel, y otros 56 millones en multas; Germán José Martín Giraldo, con 22 años, y 56 millones de multa; Ángel Román, con 18 de cárcel e idéntica multa; Francisco Esgueva, con 14,5 años y 26 millones de multa; Juan Carlos Sacristán Gómez, Salvador Molina Martín, y Francisco Armero, los tres con 11,5 años, inhabilitación y 30 millones de multa.
La lista la completan los empresarios Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez Herrero, quienes se exponen a condenas de 10,5 años y multas de 26 millones, informa Europa Press.