Los peajes disuaden a los conductores de utilizar las autopistas, como se ha visto en la ‘vieja’ AP-1, Burgos-Armiñón, que disparó su tráfico un 31,5 por ciento durante el primer año sin barreras. Su liberalización el 1 de diciembre de 2018 abrió un camino al que podría sumarse la AP-6 (Villalba-Adanero) y sus ramales, si bien el fin de esta autopista es todavía una incógnita, mientras otras de Castilla y León tendrán que esperar aún tres décadas.
En la AP-1, la primera autopista de la Comunidad que pasó a manos del Estado, las nuevas estaciones de aforo anotaron un incremento del volumen del tráfico superior al 31 por ciento, respecto a los últimos once meses de 2018 en los que fue autopista, antes de convertirse en una vía gratuita. La intensidad media diaria pasó de 20.480 vehículos a casi 27.000, según los primeros datos recabados por el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad.
De hecho el aumento experimentado por el tráfico pesado fue más notable, puesto que prácticamente se duplicó. En concreto, se registró una intensidad media diaria de 7.309 vehículos de este tipo, mientras por la antigua autopista se contabilizó un total de 3.727 durante su último año. Por tanto, los datos que maneja el Ministerio de José Luis Ábalos muestran la buena acogida que ha tenido la eliminación del peaje entre los conductores profesionales.
Precisamente, una plataforma y las instituciones locales y autonómicas reclamaron durante años la eliminación del peaje de la AP-1, ante la intensidad circulatoria que registraba la N-I a su paso por la provincia burgalesa y los sucesivos accidentes de tráfico, especialmente, en las travesías de núcleos de población. Sin embargo, el final de la autopista solo llegó al concluir la concesión.
De momento, el Gobierno central mantiene su intención de recuperar la gestión de las vías cuando expiren los contratos suscritos, como ha ocurrido este año con los 474 kilómetros de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y los 94 kilómetros de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz.
A la autopista del Huerna (AP-66), que conecta León y Asturias, le quedan 30 años por delante para completar la concesión, ya que no expira hasta el año 2050, después de que se ampliara su duración prevista inicialmente hasta 2021. También esta provincia tiene por delante 35 años más de peaje de la AP-71 (León-Astorga), puesto que el contrato, con una duración superior al medio siglo, no finalizará hasta 2055.
Sin fecha
Sobre la mesa está la situación de la AP-6, sobre la que la plataforma Ávila Libre de Peajes y otras instituciones locales reclaman que se fije ya el final de la autopista. Todo parece indicar que habrá que esperar unos más años para que se levanten las barreras en esta vía que comunica Castilla y León y el norte peninsular con Madrid.
Aunque en un principio la concesión terminaba en 2018, el Gobierno la prolongó en 1999 a cambio de una serie de mejoras y la construcción de los ramales hasta Ávila (AP-51) y Segovia (AP-61), como mínimo hasta 2031 y como máximo hasta 2036 en función del tráfico que registrara. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó en 2010 al Estado a reducir en siete años la concesión, por lo que puede terminar entre 2024 y 2029.
Handicap
Aunque el fin del peaje de la AP-6 y sus ramales no tiene fecha clara, el ministro de Transportes avanzó en una visita reciente a Segovia la posibilidad de establecer “políticas compensatorias” en territorios como Castilla y León, Asturias o Galicia que sufren el tener una vía de pago en sus comunicaciones. Esta, según Ábalos, es la vía que seguirá el Gobierno para acabar con “el bucle de renovaciones de las concesiones” en las autopistas en España.
Al respeto, el presidente de Ávila Libre de Peajes, Ángel Zancajo, explicó a Ical que el Ejecutivo debería haber fijado en noviembre del pasado año la fecha de finalización del peaje, como recordó había requerido la Comisión Europea. “Es un handicap”, dijo porque algunas empresas tienen un sobrecoste por el peaje de hasta 6.000 euros y porque a su juicio también frena la llegada de turistas.
También dio la “bienvenida” a las compensaciones que planteó el ministro Ábalos, pero expresó sus dudas sobre la aplicación para todos los usuarios de la AP-6 y sus ramales, ya que en su opinión lo más posibles que fueran solo para profesionales del transporte. Por ello, insistió en la necesidad de que se fije cuanto antes el fin de la concesión, fecha que podría situarse en el límite máximo (2029) puesto que se calcula en función de los baremos de tráfico establecidos en 1999, que a su juicio son lo suficientemente elevados para que no se alcancen, menos aún tras unos años de crisis económica.
Por su parte, María de Pablos, una de las promotoras junto a su hermana de la recogida de 15.000 firmas contra el peaje en Change.org, confió en que las gestiones “sin prisa, pero sin pausa” de los diferentes partidos e instituciones surtan su efecto, y el Gobierno comunique el fin del peaje o las medidas alternativas que ofrece a la ciudadanía de Castilla y León. Además, vinculó esta cuestión con las políticas de impulso a territorios afectados por la despoblación y la falta de oportunidades, como la Comunidad.