Bajo la premisa de modernizar el territorio mediante su transformación, atender los problemas reales de la población y luchar por el mundo rural, Diputación y Junta mantuvieron ayer un encuentro en el que sus titulares pusieron sobre la mesa cuatro ejes claves para el desarrollo de la provincia en los próximos años.

La expansión de la banda ancha a toda la población, la depuración de aguas en los municipios de 500 a 2.000 habitantes, la promoción de la vivienda y el alquiler social, así como la implantación de un nuevo modelo universal de transporte interurbano, centraron la temática de una reunión en la que las partes se comprometieron a trabajar de forma conjunta y coordinada.

De esta manera, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, destacaron el esfuerzo de las instituciones que dirigen por llevar internet a toda la población, a pesar de no ser competencia de estas administraciones. 

Gracias a las inversiones de la Junta y el Estado se espera que en 2012 el 84% de la población, esto es 136.700 palentinos, tengan internet de calidad. Para que la conectividad llegue con la calidad debida a las 25.000 personas que todavía no disponen de este servicio en la provincia, ambas partes aportarán 800.000 euros cada una, presupuesto que se renovará en 2022.

Entre el listado de cuestiones analizadas también estuvo la vivienda, concretamente la ayuda para alquiler. El consejero de Fomento argumentó que, en la última convocatoria, se ha llegado a 522 familias palentinas, con una ayuda de 870.000 euros. «Se han quedado 324 familias sin presupuesto, pero cuando paguemos la primera parte se dará a todas», aseguró Suárez Quiñones.

Respecto al programa Rehabitare, que arregla viviendas en desuso en el medio rural para destinarlas a alquiler social, en la pasada legislatura se pagaron 900.000 euros por parte de la administración regional para 21 inmuebles. La Junta ha propuesto a la Diputación colaborar con 200.000 euros para esta legislatura, cantidad que a mayores también abonará la administración regional, lo que sumará 1,3 millones de euros.

El transporte fue otro de los aspectos analizados en la reunión. Concretamente se habló de un nuevo modelo de transporte que entrará en funcionamiento en 2022 con nuevas empresas adjudicatarias. «Será un transporte moderno, universal y más comprometido, que trazará nuevas líneas acordes con la realidad actual de Castilla y León», aseguró el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones. De esta manera se incorporarán nuevas tecnologías, como una APP, para tener toda la información relativa al servicio, que se modificará dado que terminan las concesiones de las empresas de transporte y hay que volver a licitarlas.

Además, entre 2020, 2021 y 2022 se licitarán 38 millones de euros en las carreteras de la provincia, entre la que se incluyen la CL-627 (9 millones)  o la variante de Guardo (1,2). Sobre la mesa también estuvo una propuesta lanzada a la Diputación para colaborar en la depuración de aguas residuales. La cuestión se centra en que se prevén 23 actuaciones por valor de 90 millones y se quiere que un 40% corra a cargo de la Junta, cantidad similar la abone Diputación y el 20% los ayuntamientos. La responsable provincial lo estudiará.