La comisión de investigación de las eólicas se cerró hoy, después de que los dos comparecientes se acogieran a su derecho a no declarar, con un nuevo rifirrafe entre el socialista José Francisco Martín, el presidente de la misma, José Ignacio Delgado (Cs) y el representante del PP, Alberto Castro, a cuenta de que no se suspenden este tipo de sesiones por el cobro de la dieta. 

Primero fue el excoordinador de Servicios de la Consejería de Economía y Empleo Tomás Machota Martín quien alegó su estado de salud y se acogió a su derecho a no responder, poco después hizo lo mismo el segundo compareciente, Jesús Jiménez Miguel, exdirector de ADE Parques, quien se puso a disposición de los procuradores para volver a la comisión tras su declaración como testigo en el juzgado.

“Hoy es el día de los valientes”, sentenció José Francisco Martín, que recriminó a ambos comparecientes su “falta de respeto” a la comisión, a las Cortes y a los castellanos y leoneses a quienes representan por acogerse a un derecho que, aunque legítimo, consideró que no existía motivo, dado que ninguno de los dos está imputado en la causa judicial.

Martín, tras insistir en “la burla” a la Cámara, planteó que se pregunte antes de acudir a la comisión a los comparecientes si piensan o no declarar para “no perder el tiempo ni la dignidad”, lo que no fue compartido por Alberto Castro (PP) y Francisco Javier Panizo (Cs), que alegaron al derecho de los citados a no declarar. 

Tras manifestar que pedirá que esta propuesta se vote, el socialista consideró que “las dietillas” de sus miembros por la asistencia a la comisión de investigación están por encima del “respeto” a la Cámara de los comparecientes. “Es intolerable”, terció José Ignacio Delgado. “¡Cállese!”, respondió Martín. “Usted no me va a mandar callar”, apostilló el segundo.

Pidió la palabra Alberto Castro (PP) para retar al socialista a decir lo que cobra él como miembro de la comisión de investigación y la cantidad percibida por Martín, que calificó de “25 veces superior”, en referencia a su nómina como secretario primero de la Mesa de las Cortes.

La sesión comenzó con la manifestación del que fuera director de ADE Parques entre 2008-2011, Jesús Jiménez Miguel, de que se acogía a su derecho a no declarar y solo calificó de “profesional” la relación con los entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado y del titular del departamento, el fallecido en 2017, Tomás Villanueva, cuando se le preguntó por posibles disputas en la cúpula de este área sobre la oportunidad de la compra de los terrenos para el polígono de Portillo.

Ante la falta de respuesta a las preguntas iniciales de Francisco Javier Panizo (Cs), Alberto Castro (PP) optó por no formular ninguna y por recordar que el juez instructor que investiga las presuntas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como la 'Perla Negra', y de los terrenos para el polígono de Portillo le ha eximido de responsabilidad penal.

José Francisco Martín recriminó y afeó la actitud de ambos comparecientes y subrayó que Jiménez Miguel “es de los que más saben antes y después” de las operaciones de compra del edificio de Arroyo a Urban Proyecta PM por 72 millones y del fallido proyecto de instalar un parque empresarial en Portillo, con intervención de la misma empresa. 

El compareciente solo tomó la palabra tras las intervenciones de Panizo y Castro para darles las gracias y ponerse a disposición de la comisión cuando declare como testigo, ya que se mostró convencido de que será citado de nuevo por el juzgado, pero Martín le pidió que a él no le diera las gracias.

Durante un turno final, el compareciente recordó que en la citación recibida de las Cortes se recoge su derecho a la intimidad y el honor y defendió su trayectoria profesional de 22 años pública y diez privada, en la que siempre se rigió por “el código del honor y por hacer las cosas conforme a derecho”, por lo que consideró que el juez le ha sobreseído de la causa que investiga. 

Las Cortes habilitaron el mes de enero, entre otros asuntos, para sesiones de comparecencias en la comisión de investigación sobre la autorización de parques eólicos, edificio de soluciones empresariales de Arroyo, polígono de Portillo y oficinas de la Junta en el exterior.

Algunos comparecientes se acogieron a su derecho a no declarar al estar inmersos en la investigación judicial, pero es la primera vez que dos personas no imputadas rechazan responder a las preguntas de los miembros de la comisión en base a ese derecho.

El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha cerrado la instrucción de la trama por las presuntas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como la 'Perla Negra' y de los terrenos para el polígono de Portillo, con la imputación de doce personas, entre las que se encuentra la excúpula de la Consejería de Economía y Empleo de le Junta y seis empresarios, pero no se encuentran los citados este miércoles.