La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, anunció hoy la modificación de la instrucción del Consejo General del Empleo, para que los agentes del Diálogo Social no puedan ser “juez y parte” de las bases de las convocatorias. También, destacó que las bases se ajustarán a lo dicho por la Inspección de Servicios, a las sentencias y destacó que han llevado a la Airef y al Tribunal de la Competencia las bases y se han incorporado nuevos criterios, como la evaluación de resultados.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, el socialista Pedro González preguntó qué valoración hacía la Junta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló las bases reguladoras destinadas a la realización de orientación profesional para el empleo.

Asimismo, Amigo, que consideró “positiva” la sentencia, respondió a que una “mentira dicha 1.000 veces no se convierte en verdad” y que los socialistas llevan meses y meses con la técnica del calamar y con “el todos somos iguales” para ocultar el trabajo de su departamento para garantizar la libre concurrencia, la neutralidad y la transparencia en el modelo orientación laboral, con el fin de que sea más eficiente, algo que consideró “irrenunciable”

Sin embargo, el procurador socialista Pedro González acusó a la consejera de no tomar medidas para acabar con el clientelismo y criticó que se alegre de una sentencia que anula 81 de 100 puntos de una base reguladora que elabora la Junta. Amigo rechazó sus lecciones en materia de transparencia, libre competencia y neutralidad por ser el partido del “mayor fraude” en las subvenciones a parados y cursos de formación.

“Creía haberlo visto casi todo en política”, dijo el socialista quien aseguró que cada día se supera porque a su juicio “escucharla o leerla es todo un espectáculo”. Recordó que los tribunales han puesto en su sitio a los que se han saltado la ley y por articular normas ainticompetitivas y discriminatorias para favorecer a empresas afines al PP. Además, recordó el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, de la que aseguró se ríen porque reiteró que el Ecyl es “reincidente” al no cumplir las sentencias anteriores.

También recordó que se han impugnado otros cinco procesos y la investigación abierta por un juzgado de Valladolid que además de un posible delito de prevaricación y malversación, explora la posibilidad de que se ha producido negociación prohibida a funcionarios y cohecho.

La consejera de Empleo e Industria defendió que no ha dejado de dar pasos para acabar con el clientelismo, con independencia de la afinidad política de los posibles beneficiarios y perjudicados y recordó que en contra de la última sentencia del TSJ están UGT, CCOO y CEOE, que recordó no están de acuerdo con ello. Además, aclaró que el fallo dice que las ayudas no pueden estar reservas para determinas organizaciones y recordó que fue su Consejería la que pidió el informe de la Inspección de los Servicios. “¿De qué me está hablando de que no somos transparentes?”, dijo.