Veinticinco organizaciones sociales y educativas de Castilla y León reclaman a la Junta el fin de la segregación escolar de los alumnos inmigrantes y de etnia gitana con la desaparición del distrito único y la creación de varias ‘áreas de influencias’ para favorecer la inclusión social de toda la población y la convivencia entre niños y jóvenes de diferentes culturas y etnias. También apostaron por un plan integral y global con actuaciones socioeducativas conjuntas entre la administración educativa y las entidades locales y sociales donde existan colegios con alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.  

El objetivo de este movimiento es la eliminación progresiva de los centros segregados y la incorporación equitativa desde el curso 2022-2023 de estos estudiantes. Una incorporación que pasa por la puesta en marcha de comisiones de garantías de admisión que serán las encargadas de aprobar las matrículas del alumnado, puesto que estarán formadas por todos los representantes educativos, la Junta y las administraciones locales.

Las organizaciones consideraron que poner fin a la segregación escolar debe ser un objetivo «prioritario» de la Junta, no solo por que «atenta» contra los derechos más elementales al no garantizar una educación en equidad, sino  por que tampoco la convivencia entre culturas y etnias. En este sentido, el portavoz de la Plataforma Social de Valladolid, Jorge Félix Alonso, aseguró que mientras existan colegios gueto y segregados se condena a los niños y niñas a que no tengan un futuro mejor. «La pobreza se hereda y para romper esa cadena hay que dar las mismas oportunidades para que esos menores logren un futuro mejor», precisó.  

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Mujeres Gitanas Feministas de Valladolid, Estrella Marinkovic, relató su experiencia como madre de dos niñas de etnia gitana y su lucha para lograran en el instituto un trato igualitario.

Marinkovic lamentó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que los profesores del centro tomaran la decisión de reunir en una clase a los alumnos «conflictivos», de razas diferentes y repetidores, lo que les impedía «mezclarse» con otros compañeros.

También criticó la decisión de la Junta de vincular el pago de la renta garantizada de ciudadanía a la escolarización de los niños de etnia gitana. «Es un grave error por que el niño tiene que ir al colegio por que sí y que no vea que se le fuerza a que esté en clase para que sus padres reciban una paga», manifestó. En este sentido, Alonso apostó por que la administración de una respuesta integral a este problema y que no sea solo «coercitiva», para lo que es necesario una coordinación estrecha entre los Servicios Sociales y la Consejería de Educación.

Reunión.

Una representación de la organización mantendrá la próxima semana una reunión con responsables de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa para lamentar que el Programa 2030 para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de segregación escolar no ha supuesto ningún avance.