El día 31 de diciembre concluye el plazo para enviar a la Comisión Europea los proyectos del Gobierno sobre reforma laboral y pensiones, dos hitos que pueden condicionar la llegada de una buena parte de los fondos de recuperación dispuestos por la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Lo positivo es que haya un tiempo tasado, una fecha inamovible, que obliga a las dos patas del gobierno de coalición a aprobar en Consejo de Ministros el documento que se llevará a Bruselas un acuerdo. Sin posibilidad de dilación.
Los dos asuntos son muy sensibles y se encuentran en plena fase de negociación. En la medida de que el tiempo apremie se producirán mayores discrepancias ante unas posiciones que están alejadas -y se pretende que lleguen avaladas por el diálogo social- con proliferación de documentos, borradores y estudios que no hacen sino envenenar las relaciones a pesar de que las líneas estratégicas están trazadas en el acuerdo del gobierno de coalición. Pero el tenor de esa declaración choca con la realidad. La proclama de ser un gobierno progresista se enfrenta a la posición de Bruselas que siempre tiene la mirada puesta en la evolución del déficit y la deuda, que exige reformas que no van precisamente en la línea de lo que defiende los partidos progresistas sino en la del control del gasto en pensiones y en el de la liberalización del mercado de trabajo.
En la reforma laboral la entrada en liza de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y de otros ministros del Gobierno en el terreno de Yolanda Díaz ha sido determinante para que la reforma laboral varíe su rumbo. Si el PSOE se mueve entre el quiero y no puedo, Unidas Podemos debe comenzar a aplicar el principio de realidad y a asumir que la pertenencia a un gobierno implica renunciar a determinadas propuestas sobre todo si están condicionadas por las imposiciones europeas. Se podrán matizar pero no aplicar en toda su extensión.
Sin descanso, ya se avecinan nuevas turbulencias en el Gobierno: si en la reforma laboral se ha pasado de la derogación completa a la modernización de algunas partes, en el caso de la reforma de las pensiones la confrontación entra en una nueva fase después de que exista un borrador para aumentar el número de años, hasta treinta y cinco, para determinar el cómputo de la pensión. En Unidas Podemos ya han dicho que no aceptarán ninguna rebaja de las pensiones presentes o futuras, los empresarios se oponen a la subida de las cotizaciones sociales un 0,6%, y los sindicatos se alinean con UP, pero es evidente que algo hay que hacer para que el sistema de pensiones sea sostenible. La cuestión es quién en le pone el cascabel al gato y sobre todo qué tipo de cascabel.
Por lo pronto el gobierno ha solicitado a Bruselas un nuevo desembolso de 10.000 millones de euros tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada uno de los 52 compromisos adquiridos, que el Gobierno afirma que ya tiene cumplidos. Pero lo que está en cuestión ahora es la recepción de los fondos previstos en el primer trimestre del próximo año, 14.000 millones que, estos sÍ, están sujetos a las reformas mencionadas.