«No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles». Con esas palabras comenzó Pedro Sánchez el 4 de enero de 2020 su intervención ante el Pleno del Congreso en el tercer debate de investidura al que se sometía. En los dos anteriores había fracasado en el intento, en uno de ellos aspirando al puesto desde la oposición y en el segundo ya como inquilino de la Moncloa gracias a la primera moción de censura que llegaba a su meta y le aupaba a la jefatura del Ejecutivo apartando de ella a Mariano Rajoy.

Sánchez se subió hace ahora poco más de un año (fue el 7 de enero) a la tribuna de oradores del Palacio de la Carrera de San Jerónimo llevando bajo el brazo un acuerdo con Unidas Podemos que sumó otros apoyos claves como los del PNV y diversas formaciones minoritarias que le ratificaron como presidente. Doce meses después, el Gobierno de coalición encara un 2021 lleno de retos y que, como ocurrió con el año de su estreno en el poder, estará marcado por la pandemia de coronavirus.

Y es que el primer gran desafío, y el más esperanzador es el hace referencia al producto al que se aferra el país -y el mundo- para mirar con un punto de optimismo al futuro: las vacunas. España se encuentra inmersa ya en la campaña de inmunización masiva que, se desplegará, como mínimo hasta verano. Aunque las autonomías sigan teniendo la autoridad transferida por el estado de alarma es el Ministerio de Sanidad el que coordina el reparto y distribución de los viales. Precisamente, otro de los deberes del presidente es la sustitución de Salvador Illa al frente de ese Departamento, después de que se confirmase su candidatura a las elecciones catalanas como cabeza de lista del PSC. Está por ver si su relevo será aprovechado por Moncloa para hacer más cambios en un Gabinete al que se le han visto las costuras más de una vez durante 2020 debido a los enfrentamientos internos entre los miembros del PSOE y los de Unidas Podemos. Rebajar la tensión del Gobierno, que ha soliviantado incluso a los barones socialistas, será otro de los retos que deberá afrontar Sánchez.

Malas expectativas

La crisis sanitaria ha desatado una recesión económica sin precedentes, debido a la paralización del país durante varios meses y a las posteriores restricciones que han dejado muy tocados a sectores fundamentales para España, como el turismo, la hostelería o el comercio. En este sentido, no hay que olvidar que la última prórroga de los ERTE, la herramienta elegida por el Gobierno para capear la crisis del coronavirus a nivel laboral, finaliza el próximo 31 de enero. Y, como ya ha ocurrido para las dos prolongaciones anteriores, la negociación con sindicatos y patronal se prevé dura.

Con los Presupuestos en vigor desde el 1 de enero, y a la espera de que llegue el dinero de la Unión Europea, el Ejecutivo tiene también en su agenda la elaboración y aprobación de un plan nacional con las líneas maestras para invertir estos fondos, que deberá incluir, además, las reformas estructurales a las que se compromete con Bruselas.

Es este último asunto el más complejo de todos a los que se enfrentará Moncloa en 2021, ya que la UE ha avisado de que el sistema económico español necesita algo más que un simple lavado de cara. En el punto de mira de las autoridades comunitarias dos temas que desatarán la polémica: las pensiones y la reforma laboral. En el primer caso, el Gobierno está ultimando ya el proyecto de ley para enviarlo al Congreso, donde podría encontrarse con un no de una parte del Ejecutivo. Y es que Unidas Podemos se opone frontalmente a la medida estrella de la nueva normativa: la ampliación del período para calcular las pensiones de 25 a 35 años, con la rebaja que eso supondría.

También se prevé tempestad interna en el Gabinete a cuenta de la reforma laboral. Los miembros morados del Gobierno, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente abogan por acometer un cambio profundo para «corregir las disfunciones del mercado laboral». Sin embargo, desde las filas socialistas, con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como punta de lanza, presionan porque las modificaciones sean «muy medidas» por la complicada situación financiera que atraviesa el país.

Los más mediáticos

Con quizá menos importancia que los retos anteriores, sobre todo por su impacto económico, pero mucho más mediáticos que ellos aparecen otros desafíos que el 2021 presentará al Gobierno de coalición: los indultos a los líderes del procés, la posible reforma del delito de sedición y la renovación del Consejo del Poder Judicial. En el caso de los líderes independentistas que se encuentran en prisión, uno de los socios en los que se apoya la mayoría del Ejecutivo en el Congreso, ERC, ya ha avisado que no desistirá de su empeño por sacarles de la cárcel lo antes posible. A priori, según fuentes judiciales, el Gabinete podría cumplir con este chantaje de los separatistas -a cambio de sus votos para la aprobación de leyes importantes de la legislatura- sin recurrir a un indulto que levantaría demasiada controversia en la sociedad. 

Para ello, el Ministerio dirigido por Juan Carlos Campo tendría ya diseñada la reforma del Código Penal mediante la cual se reduce el castigo para los delitos de sedición y rebelión. Desde Moncloa señalan que el objetivo no es acercar a la libertad a los independentistas, sino adecuar la normativa española a la de otros países de su entorno. Una reducción de estas condenas beneficiaría a los presos, que verían acortadas sus condenas por el 1-O.

Más allá de causas concretas, la Justicia es otro de los grandes desafíos del Gabinete de coalición. Con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueada por la falta de entendimiento entre PSOE y PP, los socialistas y Unidas Podemos impulsaron en diciembre una reforma para limitar la capacidad del órgano de hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones. Una solución que para los morados solo es un parche, ya que su objetivo real es la reforma del método de elección del CGPJ, rebajando la mayoría necesaria. Un cambio que se llegó a plantear, pero que el PSOE desechó tras el toque de atención de Bruselas, que entendía que esa modificación limitaba la independencia de los tribunales. 

Corona y vivienda

La financiación autonómica, con muchas comunidades enfrentadas ya al Gobierno por la gestión de la pandemia); la Ley de Vivienda, pactada con Unidas Podemos para ser aprobada en marzo; la crisis migratoria desatada en 2020 en las Islas Canarias; la Ley de la Corona, en la que ya se trabaja, según Sánchez con Felipe VI... La agenda del Gobierno para 2021 está repleta de deberes y retos que, eso sí, dependerán también de la evolución de la pandemia.