La provincia cuenta ya con más de 2.700 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, la prestación puesta en marcha por el Gobierno tras años de peticiones por parte de los sindicatos para «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas» y cuya implantación se vio precipitada por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aprobó hasta el pasado 13 de septiembre 1.103 prestaciones de Ingreso Mínimo Vital en la provincia, con 2.747 personas beneficiarias.

De estas, casi cuatro de cada diez son menores. En concreto, la prestación beneficia a 1.057 menores de edad, es decir, un 38,4 por ciento del total de perceptores. Los otros 1.690 son adultos de la provincia. Además, dos de cada tres hogares que percibieron la prestación correspondiente al mes de septiembre tienen como titular a una mujer. Del total, en más de la mitad, casi un 56 por ciento, hay menores, mientras que uno de cada cuatro es un hogar monoparental.

En los primeros quince meses desde su puesta en marcha, se han recibido en la provincia 3.533 solicitudes, de las que han sido válidas el 91,5 por ciento. En total, se han tramitado 3.138 expedientes, el 97 por ciento de las solicitudes válidas recibidas.

De ellas, 1.103 han sido aprobadas por el INSS, es decir, el 35,1 por ciento; mientras que se han denegado en la provincia 2.015, el 64,2 por ciento, «por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa», aclara la institución. Veinte de esas solicitudes tramitadas se encuentran en proceso de subsanación, es decir, pendientes de recibir información complementaria por parte del solicitante o de otra administración.

A nivel regional se han recibido durante este tiempo 57.282 solicitudes, siendo validadas algo más del 89 por ciento. En total, en Castilla y León se han tramitado 49.315 expedientes. De ellos, 15.685 (el 31,8 por ciento), han sido aprobados y dos de cada tres, en concreto, 33.030, denegados. Seiscientos expedientes se encuentran en estado de subsanación en la Comunidad.

Así, hay más de 35.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital en la región, siendo el 38 por ciento de ellas menores de edad.

Por provincias, Valladolid y León concentran casi la mitad de las solicitudes de la prestación (21,5 y 22,3 por ciento del total regional, respectivamente) y en número de beneficiarios (8.296 y 7.797.

Por debajo de Palencia, se sitúan en número de beneficiarios totales Segovia (1.514) y Soria (439).

A nivel nacional, el INSS ha aprobado casi 337.000 prestaciones, con cerca de 800.000 personas beneficiarias. De ellas, casi un 40 por ciento son menores, «lo que indica la incidencia que está teniendo la prestación en la reducción de la pobreza infantil», subraya el organismo.

Asimismo, de las 1,24 millones de solicitudes presentadas se han denegado 888.000, el 71 por ciento, por los motivos antes descritos.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el importe total de la nómina de septiembre es de 169,5 millones de euros a nivel nacional.

CUANTÍA MEDIA

La cuantía media del Ingreso Mínimo Vital por hogar es de 436 euros mensuales y, por beneficiario, de 172 euros. Además, de todos los hogares que percibieron la prestación correspondiente al mes de septiembre, dos de cada tres tienen como titular a una mujer. Asimismo, el 56 por ciento del total se trata de hogares monoparentales u otros hogares con menores de edad en ellos.

Por grupos de edad, la media de los titulares se sitúa en los 45 años, y casi uno de cada tres tiene entre 36 y 45 años. Analizando a todos los beneficiarios de la prestación, la media de edad baja hasta los 29,65 años; mientras que excluyendo al titular, la media es de 19,54 años.

ELENA VILLAMEDIANA (CCOO): «Hay que modificar y adaptar la Renta Garantizada de Ciudadanía para que sea complementaria al IMV»
Elena Villamediana, secretaria de CCOO en Palencia, cree que el hecho de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo llegue al 35% de los solicitantes es «insuficiente y puede estar dejando atrás a un importante número de personas en situación de vulnerabilidad».
Villamediana señala que, desde su puesta en marcha, se han detectado «cuellos de botella y otras cuestiones que, en muchos casos, se han solventado o mejorado». «Los datos de gestión del IMV muestran una aceleración en la resolución, aunque no se llega a la agilidad deseada, máxime si hablamos de personas con dificultades», apunta.

Con la puesta en marcha del IMV se constató que muchas CCAA «reducían su cobertura en rentas mínimas», afirma. Por ello, en CCOO apuestan por «mantener, en general, el presupuesto que se destinó a Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) sin merma y para el mismo fin, lo que incluye la RGC y la Red de protección a las personas y familias».

«Se tiene que negociar una nueva Ley de Renta Garantizada que tendrá que ser compatible con el IMV del Gobierno central. Desde CCOO planteamos la necesidad de modificar y adaptar nuestra normativa al escenario actual, para que sea subsidiaria y complementaria al Ingreso Mínimo Vital para un determinado número de personas perceptoras de la región, conscientes de que ninguna de estas ayudas es suficiente y ambas se quedan lejos del umbral de la pobreza y esta puede ser una oportunidad clara para reducir y acabar con esta situación», explica Villamediana.

Respecto a la implantación del IMV, «fue muy satisfactorio ya que se venía solicitando desde hacía años por los sindicatos de clase», recuerda. «Se materializó de forma precipitada. El INSS tiene un papel complicado porque de repente se encuentra como cauce de algo que nunca antes ha hecho, con personal y tecnología que no estaban preparados. La situación ha ido mejorando, pero queda mucho por hacer», añade.

La secretaria de CCOO también se refiere a «lo mucho que hay que trabajar en lo referido a familias monoparentales» y recuerda que las ayudas muchas veces son «irrisorias», lejos del salario mínimo.

Villamediana destaca además los problemas con la certificación de empadronamiento, especialmente en personas sin techo y migrantes, así como otras dificultades a las que se enfrentan. «Se encuentran con la situación de que muchos son desconocedores del idioma, que no tienen un punto físico donde acudir porque todo se tramita telemáticamente, y que muchos son analfabetos digitales. Es una triple discriminación que hay que tener en cuenta», subraya. 

Por último, señala otro problema. Para obtener la Renta Garantizada es necesaria una denegación expresa del Ingreso Mínimo Vital. «A muchos no se la dan y tampoco pueden acceder a la otra ayuda. Con lo cual, hay gente que está en un vacío legal», concluye.

GORKA LÓPEZ (UGT): «El IMV se ha demostrado claramente insuficiente   tanto en su diseño como en su intensidad protectora»
Desde UGT consideran que la implementación del IMV está siendo «claramente insuficiente ya que ni ha cumplido las expectativas para las que fue impulsado ni ha beneficiado a las personas potencialmente perceptoras», señala su secretario provincial, Gorka López.
«Urge dar una respuesta inmediata a las situaciones de extrema necesidad que se están produciendo en los hogares y las personas más vulnerables; agilizando su tramitación y reconocimiento, a partir de una declaración responsable de la persona que lo solicita y eliminando las trabas burocráticas que dificultan su percepción, flexibilizando requisitos y reforzando su gestión pública con profesionales», añade López.

En UGT consideran que la prestación «está mal diseñada desde el principio». «Se ha demostrado claramente insuficiente tanto en su diseño como en su intensidad protectora», añade López, quien cree necesaria una reforma «mucho más sosegada y dialogada tanto social como parlamentariamente».

López señala que otro de los errores estructurales del IMV es que «deja fuera a personas de colectivos muy vulnerables, como los jóvenes menores de 23 años, las personas migrantes en una situación administrativa irregular o las personas sin hogar, contraviniendo la Carta Social Europea. Se debe garantizar la gestión pública directa respecto de la certificación de la situación de vulnerabilidad que determina el acceso a la prestación», expresa López, que insiste en transformar esta herramienta para convertirla «en una verdadera Prestación de Ingresos».

Es decir, «poner en marcha una verdadera renta asistencial básica que cumpla plenamente con su función y que no tenga una tasa de implementación tan reducida. Para ello es necesario considerar la situación de vulnerabilidad en el momento de la solicitud, en base a los ingresos declarados en ese año para posteriormente regularizar y ajustar la prestación en base a los ingresos realmente percibidos», detalla.

Respecto a la incompatibilidad entre IMV y Renta Garantizada, «lo ideal sería reconfigurar la RGC para colectivos que no cubre el IMV y complementar ingresos de los que sí acceden a este mecanismo», añade.

López señala como medidas eficaces para reducir la pobreza infantil «aumentar la cuantía de la prestación por hijo a cargo, elevar el umbral de ingresos en el hogar para poder acceder a la prestación o convertir en reembolsables las deducciones por hijo del IRPF».

«Un alto número de rechazos se debe, entre otras cosas, a que se considera para la ayuda la renta de la unidad familiar y en estas situaciones mucha gente se agrupa para poder subsistir. Tener en cuenta la unidad familiar deja fuera a muchísima gente», concluye.